Los propietarios de Alu Ibérica, Grupo Riesgo, presumían de reorientar las antiguas fábricas de Alcoa de A Coruña y Avilés hacia la moderna producción de aluminio circular. Pero los movimientos circulares que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) describe en sus informes tienen poco que ver con el reciclaje de metales. Las mercancías, eso sí, entraban a las fábricas y volvían a salir dejando en su recorrido jugosas cantidades de dinero en forma de sobrecostes que nutrían las cuentas de empresas intermediarias ligadas a la trama liderada por Víctor Rubén Domenech, dueño de Riesgo, y su pareja y socia Alexandra Camacho, exdirectora ejecutiva de Alu Ibérica. Un ejemplo de este supuesto saqueo es el horno que Riesgo compró por unos 9.000 euros con cargo a los fondos de Alu Ibérica A Coruña y que posteriormente vendió a la otra planta de la misma empresa, la de Avilés, por más de 62.000, con un sobrecoste del 620%.
La jugada del horno permitió a Riesgo quedarse exactamente con 52.877 euros de Alu Ibérica sin más trabajo que unos pocos clicks, mientras iba agravando el endeudamiento de las fábricas. En esta treta entraron en juego dos actores principales de la trama: System Capital Management (actual Iberian Green Aluminum) y Logiplus. La primera es la sociedad instrumental con la que Riesgo compró Alu Ibérica a Parter Capital en 2020 —unos meses después de que Alcoa vendiera al fondo suizo, en 2019— y es la que adquiere el horno al proveedor original por 9.680 euros. Según figura en un informe de la UDEF al que ha tenido acceso este periódico, estos fondos “en última instancia procederían de la planta de Alu Ibérica LC (A Coruña)”. Es entonces cuando interviene Logiplus, la filial de Riesgo que entró en la fábrica como subcontra de limpieza pero que actuaba también como central de compras. Esta sociedad vende el mismo horno a Alu Ibérica AVL —la planta de Avilés— pero a un precio cinco veces más alto: 62.457 euros.
A golpe de transacciones con precios inflados y de facturas extendidas por negocios simulados, las sociedades de la órbita de Domenech levantaron “ímprobos beneficios” mientras conducían a Alu Ibérica a la insolvencia, situación por la que actualmente está a las puertas del preconcurso de acreedores, con los centros de producción cerrados y los 600 trabajadores (300 en A Coruña) a la espera de una suspensión temporal de empleo (ERTE).
En suma, el informe policial sobre despatrimonialización remitido a la juez María Tardón, que instruye en caso Alcoa en la Audiencia Nacional, pone en duda la legalidad de operaciones por valor de nueve millones de euros que las fábricas de A Coruña y Avilés abonaron a las empresas de la trama. Y apunta a que podría haber más. Con esta mecánica, la UDEF concluye que “se generaron artificialmente deudas para Alu Ibérica AVL y Alu Ibérica LC por importes de 810.300 euros y 622.205 euros respectivamente”. Casi un millón y medio de euros en conjunto.
La UDEF ha logrado reconstruir un total de 11 operaciones a partir de 20 facturas que consideran que sirven de base para que la magistrada valore la conducta de estas mercantiles pero añaden que hay “indicios de existir muchas otras”.
Blanqueo de capitales
Una vez que estos fondos detraídos de Alu Ibérica llegaban a la cuenta de Logiplus, eran transferidos a otras empresas de la trama, como Lavanda Eco o GAF Franquicias, y desde ellas una parte tenía como destino cuentas bancarias de un tercer país tituladas por la plataforma de compraventa de criptomonedas Kraken Paywards; “inuimos —dice el informe— que para su inversión en la adquisición de monedas virtuales”. Según adelantó El Periódico de España, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN, Logiplus extrajo medio millón de euros de Alu Ibérica para la compra de bitcoins, lo que para la UDEF apunta a una operación de blanqueo de capitales.
Los sindicatos reclaman a Alcoa la recolocación de 205 puestos de trabajo comprometidos antes de la venta
La crisis del aluminio —la generada por las dos ventas consecutivas de las plantas que eran propiedad de Alcoa en A Coruña y Avilés— genera un nuevo fleco: el compromiso de la multinacional aluminera estadounidense de no despedir a 205 trabajadores que estaban adscritos a tareas de mantenimiento, oficinas y a la torre de pasta. Los norteamericanos habían acordado el 15 de enero de 2019 que ponían a la venta sus plantas a una empresa “seria, solvente y rigurosa”. Para cuidarse en salud, la multinacional previó también la posibilidad de que la venta no se hubiera producido. En ese caso, indicó que despediría a la plantilla, menos a 205 personas que tendrían que dedicarse a la producción de aluminio secundario, es decir, fundir chatarra. Sin embargo, la venta se produjo y la operación fue contestada por los sindicatos y también por una sentencia de la Sala de los Social la Audiencia Nacional condenatoria para Alcoa (ahora en período de casación en el Supremo). El fallo señala que dada la venta “fraudulenta”, en palabras de los representantes sindicales, los trabajadores tienen que volver al acuerdo social alternativo que se preveía (un despido de condiciones ventajosas). Lo que los sindicatos han encontrado es un limbo en el que han quedado estos 205 que se quedarían con Alcoa (se desconoce sus nombres). Ante esta situación, las federaciones han citado a los norteamericanos ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (en Madrid) para aclarar el porvenir de los excluidos por la sentencia dictada la pasada primavera.
