La CIG presentó ayer sus alegaciones al trámite de modificación del mercado eléctrico regulado (precio voluntario al pequeño consumidor, PVC) del Ministerio de Transición Energética. La central sindical gallega demanda la intervención pública para fijar una tarifa eléctrica que garantice “una vida digna y un desarrollo económico, social e industrial que cree puestos de trabajo”.
