El administrador judicial de Alu Ibérica, el abogado coruñés Ramón Juega, ha recibido la propuesta de un antiguo cliente de la planta de aluminio para reabrir la fábrica —cerrada desde finales de agosto— y atender nuevos pedidos. Según ha confirmado el comité de empresa, Juega está evaluando la rentabilidad de esta proposición para determinar si es viable. En caso de prosperar, la nueva carga de trabajo servirá para reducir el impacto del ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) que Juega ha solicitado para la mayor parte de la plantilla de las antiguas fábricas de Alcoa en A Coruña y Avilés. La factoría asturiana comenzó este lunes la negociación de la suspensión de empleo, que afecta al 97% del personal durante un periodo de seis meses.
En el caso de A Coruña, la tramitación va algo más lenta. El periodo de consultas aún no ha comenzado y la representación de los trabajadores carece de documentación que cifre con exactitud el número de trabajadores afectados, aunque salvo cambios en la situación industrial se espera que sea la práctica totalidad. En la fábrica gemela de Avilés se propone que 247 trabajadores cobren el paro durante un periodo inicial de seis meses. Solo quedarán 11 en activo, de los cuales 4 tendrán una reducción de jornada del 50%.
La plantilla aluminera coruñesa tiene una dimensión similar a la asturiana, con cerca de 300 trabajadores e inicialmente el administrador concursal plantea la misma medida para ambas plantas, como solución provisional mientras el caso Alcoa avanza en su instrucción penal —la Audiencia Nacional investiga si Alcoa, Parter y Riesgo cometieron estafa y otros delitos en el proceso de venta— y la empresa trata de salir de la situación de insolvencia inminente. Pero “cada planta tiene su situación particular”, señala el presidente del comité de Alu Ibérica A Coruña, Juan Carlos López Corbacho, que está a a espera de conocer los tiempos de consultas del ERTE una vez que han decidido la composición de la mesa negociadora.
Los trabajadores coruñeses de Alu Ibérica se desplazaron ayer a Santiago para reclamar una solución a las puertas del Parlamento, coincidiendo con una pregunta parlamentaria sobre la situación de la industria electrointensiva.
Mientras en A Coruña los trabajadores están a la espera de recibir los detalles del administrador judicial —que gestiona la empresa de forma cautelar por los indicios de descapitalización fraudulenta de sus propietarios, Grupo Riesgo— en Avilés el presidente del comité de empresa, José Manuel Gómez de la Uz, pidió ayer la aplicación “lo más pronto posible” del ERTE, para acabar con la actual situación de impago de salarios.
Por causas económicas
Juega presentó ante la Dirección General de Empleo y Formación de Asturias la solicitud para la aplicación de un ERTE por causas económicas derivado de las pérdidas acumuladas y la disminución de ingresos por la falta de actividad productiva y tesorería.
La solicitud fue aprobada por la Audiencia Nacional como medida temporal para permitir a los trabajadores acogerse a la prestación de desempleo y evitar seguir generando gastos de personal que no pueden ser atendidos por Alu Ibérica Avilés y el periodo de negociación para la plantilla asturiana comenzó el lunes.
La Xunta reclama un “precio eléctrico estable”
El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, reivindicó ayer en el Parlamento gallego que “sin precio eléctrico estable y competitivo no hay solución para Alu Ibérica”. El responsable autonómico de Industria defendió que el problema de Galicia no es industrial, sino energético, causado por la “transición energética injusta y desordenada que está llevando el Gobierno central y que comenzó en 2018 con la falta de una solución para la industria electrointensiva”. En ese año, Alcoa anunció el cierre de sus fábricas de A Coruña y Avilés, acabó vendieron por presión social y política en 2019. El conselleiro incidió en que la falta de un precio estable y competitivo está afectando al tejido empresarial de la comunidad.
