La multinacional estadounidense Alcoa deberá propiciar un futuro industrial para la última fábrica de aluminio que gestiona en España, la de San Cibrao (en Cervo, Lugo), con la que se hizo hace 23 años cuando se quedó con el negocio del aluminio que hasta entonces era público (nueve factorías de la Industria Española del Aluminio, Inespal) en la oleada de privatizaciones del Gobierno de Aznar. El Tribunal Supremo (TS) informó ayer de que desestima el recurso de casación del Grupo Alcoa Inespal y confirma la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que el pasado diciembre declaró nulo el despido colectivo de 524 trabajadores de la planta gallega por apreciar “mala fe” en las negociaciones por parte de la empresa, cuyo “fin único y primordial” era “apagar las cubas y cerrar la fábrica de la manera más rentable posible”. El fallo llega mientras la Audiencia Nacional investiga la posible estafa en la venta de las plantas de A Coruña y Avilés (actual Alu Ibérica), las dos últimas de las que se deshizo Alcoa. La multinacional insiste en que es “inviable” producir aluminio en España.
El Alto Tribunal dará a conocer “en los próximos días” el texto completo de la sentencia, pero avanzó ayer que su decisión coincide con la del TSXG, que el 17 de diciembre del año pasado obligó a la empresa a reincorporar a los empleados de A Mariña, tal y como reclamaron los sindicatos CCOO, UGT y CIG.
La plantilla llamar a reactivar la venta, a un comprador del que el Gobierno dé garantías. El fallo del TS da alas a los trabajadores, que después de año y medio de lucha contra el cierre instan a “sentarse de nuevo a la mesa de negociación” —urgió el presidente del comité, José Antonio Zan— para tratar de buscar “una salida”, tanto por parte “de las administraciones como de la propia Alcoa”, bien sea a través de “una venta directa”, con la correspondiente “garantía de la operación a través de un organismo público”, o mediante la intervención de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Detrás de estas exigencias planea el fantasma de la venta fracasada de A Coruña y Avilés en 2019, cuyos compradores no cumplen “mínimamente el perfil de comprador serio, solvente y riguroso”, según la sentencia que emitió en junio la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
El Gobierno se ha mostrado reacio a la intervención de la SEPI, sociedad a la que pertenecía la antigua Inespal. El portavoz de la plantilla de Cervo insistió ayer en que es necesaria la intervención del Ejecutivo para facilitar la operación de venta “a un comprador fiable y solvente, elegido por el Ministerio [de Industria]”, que garantice el futuro “industrial” de la comarca de A Mariña lucense y que haga posible “el mantenimiento del 100% de la producción y de los puestos de trabajo” en la fábrica. Los sindicatos han convocado una huelga general en A Mariña para el 17 de noviembre, en protesta por la crisis industrial que vive con el conflicto de Alcoa y la decisión de cierre de Vestas.
Fin del blindaje eléctrico, menos lucro y retirada. La retirada de la Alcoa como productor de aluminio en España se hizo patente desde que expiraron los privilegios eléctricos que le concedió el Gobierno de Aznar en el momento en la compraventa de Inespal, en 1998. Durante 15 años gozó de un bajo precio blindado de la luz, un coste clave para producir aluminio (actividad hiperelectrointensiva); a 3,8 pesetas durante los 10 primeros años y 4,24 para otros cinco. A continuación recibió una rebaja de más de 1.000 millones de euros en su recibo, según el Gobierno, a través de las subastas celebradas por Red Eléctrica, con cargo a la factura de todos los consumidores. Estas pujas fueron reduciendo sus incentivos y en 2020 el Gobierno suprimió este sistema.
A los 15 años de hacerse con Inespal, Alcoa no solo tenía amortizada la compra (63.450 millones de las pesetas de entonces, unos 380 millones de euros) sino que sus beneficios ya multiplicaban por cinco esa inversión solamente teniendo en cuenta las fábricas gallegas (A Coruña y parte de las ganancias de San Cibrao) y asturiana (Avilés, vinculada a A Coruña a nivel contable). En fin de este acceso privilegiado a la energía volvió menos lucrativo el negocio de la multinacional en España. Desde entonces, el discurso de Alcoa ha sido invariable: la producción de aluminio es inviable en España por el coste eléctrico.
Con ese argumento anunció en mayo de 2020 el cierre de la planta de aluminio de San Cibrao —su intención es mantener solo la refinería de alúmina anexa—, la misma justificación con la que comunicó en 2018 el cierre de las plantas de A Coruña y Avilés. Solo después de una dura lucha sindical en Galicia y Asturias y de la presión social y política la empresa accedió a abrir un proceso de venta, que acabó con las dos fábricas en manos del fondo de inversión suizo Parter Capital (en 2019), que en unos meses revendió las instalaciones renombradas como Alu Ibérica a Grupo Riesgo (2020).
La Audiencia Nacional ha apartado a los gestores de forma cautelar por los indicios de saqueo y ha impuesto un administrador judicial para controlar Alu Ibérica mientras avanza el proceso de instrucción de la causa penal por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra la seguridad de los trabajadores y pertenencia a grupo criminal.
Los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía concluyen que Riesgo pudo saquear las cuentas de Alu Ibérica a través de sociedades interpuestas con las que, entre otras acciones, realizó negocios ficticios, cobró sobrecostes de hasta el 600% y sustrajo fondos a través de la compra de bitcoins, como adelantó El Periódico de España, del mismo grupo editorial de LA OPINIÓN.
“Ahora le toca mover ficha a Alcoa”, defiende el Gobierno
La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, cree que “ahora toca mover ficha a Alcoa” después de que el Supremo haya confirmado la nulidad del expediente de regulación de empleo que la multinacional pretendía aplicar en su planta de Cervo. Para la ministra, este fallo sobre el futuro del complejo de San Cibrao es “un éxito sin precedentes”, tanto de los trabajadores de la única fábrica de aluminio primario que queda en España, como de la Xunta y el Gobierno central. En un comunicado, Maroto defendió que todos los agentes implicados han “velado por el mantenimiento de las capacidades productivas de la planta” y que “ahora toca mover ficha a Alcoa”. “Nosotros seguimos con la mano tendida a las empresas para colaborar en la búsqueda de posibles inversores”, remachó la titular de Industria.
Xunta espera que la venta se cierre “cuanto antes”
El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, espera que “cuanto antes” se pueda producir la venta de la planta de San Cibrao, aunque sea “con la propia intervención de la SEPI”. Conde valoró el fallo del TS como “una buena noticia” de cara al “mantenimiento de la actividad económica e industrial” en A Mariña. Tras esta resolución, la Xunta llama a que “de una vez por todas” tanto el Gobierno como la empresa “se sienten” para alcanzar una solución porque “los trabajadores necesitan estabilidad y certidumbre”. Desde la oposición, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero llamó a hacer “frente común” con elGobierno central y el autonómico para que Alcoa venda su fábrica gallega.
La CIG urge la intervención
La CIG expresó ayer su “enorme satisfacción” por la resolución del Supremo que ratifica “en todos sus aspectos” la del TSXG, por lo que queda acreditada la “mal fe” de la empresa. Por ello, el sindicato reclama a Alcoa que “facilite una solución de futuro” y a Gobierno y Xunta que “pongan en marcha ya la intervención pública” de la planta. Por su parte, UGT recordó que el fallo del TS no es el final de la lucha y pidió coordinacion para hallar “salida para una fábrica que sí tiene futuro y que representa el 30% del PIB de la provincia de Lugo”.
Alcoa se enroca en su decisión: “El fallo no altera la situación de inviabilidad de la planta”
Alcoa reaccionó ayer a la decisión del Supremo de ratificar la anulación del expediente de regulación de empleo (ERE) de su planta de San Cibrao argumentando que el fallo “no altera la situación de inviabilidad de la planta de aluminio”. La multinacional “acepta” la sentencia pero se reafirma en su decisión: el despido colectivo se propuso “por la situación insostenible de la planta”, que generó pérdidas que calcula en “aproximadamente 160 millones de euros” en los últimos tres años (2018-2020) “por la falta de un marco energético competitivo en España”. Alcoa pone el foco el coste eléctrico: “Este problema persiste y se ha agravado significativamente en los últimos meses, con una previsión de precio de energía en el cuarto trimestre de 2021 para la planta de aluminio por encima de los 170 €/MWh, lo que confirma aún más la inviabilidad de la planta en las circunstancias actuales”, subraya. Con todo, la firma asegura que “nunca ha propuesto cerrar la planta y ha ofrecido numerosas alternativas razonables”.
