El administrador judicial de Alu Ibérica, el abogado y economista coruñés Ramón Juega Cuesta, admite haber atendido llamadas de varias empresas interesadas en hacerse con las plantas alumineras de A Coruña y Avilés, de las que se deshizo Alcoa hace dos años. Algunas de ellas, además, participaron sin éxito en el casting que organizó la multinacional americana durante el primer semestre de 2019 con el fin de elegir al comprador y mantienen su interés en adquirir las plantas. De momento ninguno de estos candidatos ha puesto sobre la mesa una oferta concreta.
Ramón Juega actúa por mandato de la magistrada titular del Juzgado Central de instrucción de la Audiencia Nacional, la jueza María Tardón, y es quien ha propuesto la necesidad de negociar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) como medida última para salvar las instalaciones del huracán de deudas e impagos alimentado, presuntamente, por Víctor Rubén Domenech, dueño de Grupo Riesgo (dueño de Alu Ibérica) y su socia Alexandra Camacho. El ERTE ha sido aceptado esta misma semana por la plantilla de Avilés y se espera que siga los mismos pasos en A Coruña.
Juega busca una vía para que los trabajadores —300 en A Coruña y otros tantos en Asturias— cobren a final de mes y la empresa se mantenga a flote. Con las dos fábricas cerradas desde finales de agosto, el arreglo provisional pasar por la suspensión temporal de empleo, para aliviar la carga salarial, y por el preconcurso de acreedores, con el que espera renegociar la deuda a la que Alu Ibérica no es ya capaz de hacer frente. Estas herramientas legales sumen a la planta en una especie de coma inducido y permiten ganar tiempo mientras avanza el proceso de instrucción de la causa penal que investiga la supuesta descapitalización fraudulenta que según todos los indicios llevaron a cabo los gestores y la presunta estafa en la operación de venta de la que participaron Alcoa (dueño desde 1998 hasta 2019), Parter Capita (2019-2020) y Grupo Riesgo (desde 2020).
Pero más allá de la resolución judicial, la aspiración última de la plantilla y también del administrador es que las fábricas de aluminio tengan un futuro industrial. Para ello, Juega ve tres posibles caminos: la intervención pública, la búsqueda de financiación y la venta.
La intervención, sobre la mesa
De entrada, el administrador no descarta la intervención “directa o indirecta” de las administraciones públicas: el Gobierno controla la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a la que ya pertenecía la antigua Inespal —hasta que en 1998 el gobierno de Aznar la privatizó y la vendió a Alcoa—. Los trabajadores han reclamado este amparo desde que Alcoa anunció el cierre en 2018. El Ministerio de Industria, sin embargo, rechaza tal propuesta.
Juega no explica cómo debería ser la intervención pública, pero cree que es una de las posibles sendas a explorar para salir del agujero en el que los representantes de Grupo Riesgo presuntamente metieron a la empresa que adquirieron el 8 de abril de 2020.
La segunda posibilidad que está sobre la mesa es la búsqueda de financiación. Y en eso está el administrador, pero con las alas cortadas, ya que hay pocos activos: Riesgo vendió sus derechos de emisiones de CO2 hasta el mes de abril, así que no puede tener ingresos por esa vía ni tampoco por el cobro de la deuda de sus acreedores.
La tercera vía es la venta a un tercero. Los ofertantes empiezan a llamar a la puerta, pero todavía sin concreción. El administrador ha encontrado que algunas empresas condicionan la presentación de su oferta a cómo termine la otra parte de la crisis del aluminio, la que se desarrolla en San Cibrao (Cervo, Lugo), en la última fábrica de Alcoa en España. El Tribunal Supremo ha echado por tierra esta semana la pretensión de Alcoa cerrar la planta con la ejecución de un despido masivo y coincide con el TSXG en que la empresa actuó de “mala fe” en la tramitación de ese ERE. Alcoa ha asumido las consecuencias de su nuevo fracaso en los juzgados (lleva, al menos, tres), pero mantiene que la producción de aluminio primario es inviable, más cuando el precio de la energía eléctrica está por las nubes.
Casar el porvenir de Alu Ibérica con el de San Cibrao, no es para Juega una opción eficiente para solucionar el futuro industrial de las plantas de A Coruña y Avilés. Por esta razón, el administrador judicial propone la regulación de la plantilla: para hacer tiempo. El administrador ha señalado que ha recibido la llamada de algunos fondos de capital riesgo (Parter Capital, el comprador elegido por Alcoa, lo era) que han planteado financiar la fábrica, pero a cambio de condiciones que la situación actual de Alu Ibérica no puede asumir porque se quedaría más hipotecada de lo que está. Por eso las ha rechazado.
La empresa Logiplus Worldwide (filial de Riesgo) despidió a todo su personal de limpieza —siete personas en A Coruña y otras tantos en Avilés— aduciendo que no cobraba de Alu Ibérica la factura de ese servicio (36.000 euros por planta al mes) y que, por lo tanto, no tenía dinero para pagar a su plantilla. Lo que sí que hacía esta filial de Domenech y de Camacho era caja: compró bitcoins con el dinero de Alu Ibérica. Así consta en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional (que adelantó El Periódico de España, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN. Con las cuentas vacías y amenazada de embargos, las fábricas de Alu Ibérica han tenido que echar el cierre provisional a la espera de una salida.
Tener las fábricas operativas cuesta unos tres millones al mes
Según la documentación económica aportada a los sindicatos en la negociación del ERTE de Avilés, mantener abierta la fábrica de aluminio de San Balandrán cuesta unos 1,4 millones de euros al mes. La planta aluminera de A Coruña dispone de instalaciones prácticamente gemelas a la asturiana y de un plantilla ligeramente superior (299 trabajadores frente a 266), por lo que el coste es muy similar. Entre ambas, el gasto de operación de Alu Ibérica se aproxima a los tres millones de euros mensuales. Esto es, al menos, lo que calcula Ramón Juega, el administrador judicial que nombró la Audiencia Nacional con el fin de coger las riendas de la empresa Alu Ibérica ante los indicios de saqueo. Los 1,4 millones de euros por planta son el resultado de la suma de gastos fijos que tiene la empresa cada mes; a la que se han de añadir luego gastos variables o extraordinarios. La parte principal de esta operación corresponde a los salarios, alrededor del 46% del presupuesto mensual. Tras el pago de las nóminas, está la enorme factura de luz: casi 160.000 euros al mes en cada factoría. La potencia contratada por los dueños de Alu Ibérica (Grupo Riesgo) no era acorde al nivel de producción de los hornos de fundición, que desde el principio de este verano es nulo.
