El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones puso sobre la mesa su esperada propuesta para mantener la sostenibilidad del sistema en las próximas dos décadas, cuando se jubilará la numerosa generación del baby boom y sus pensiones se pagarán con los sueldos, más bajos, de sus hijos y sus nietos. Y lo que plantea el ministerio de José Luis Escrivá es subir ya las cotizaciones sociales para evitar ajustes en el futuro: es decir, no tener que jubilarse más tarde o cobrar menos pensión, posibilidad que deslizó el pasado verano.

Lo que incluso propuso a sindicatos y patronales es aumentar, a partir de 2023 y hasta 2032, lo que trabajadores y empresas aportan a la Seguridad Social. La subida sería de un 0,5%, de forma que si ahora las cotizaciones por un empleado suponen el 28,3% de su salario (el 23,6% pagado por el empresario y el 4,7% por el propio trabajador), de salir adelante el proyecto de Seguridad Social durante los próximos 10 años se pagaría un 28,8%.

Según fuentes del diálogo social, el Gobierno no matizó cómo se repartiría el 0,5% de subida entre las dos partes; sí que habría indicado que supondría unos 10 euros mensuales para los salarios medios, y unos 5 euros al mes para los bajos. La recaudación extra se acumularía en el Fondo de Reserva, que cuenta con algo más de 2.000 millones. Según lo expuesto por Seguridad Social, el 0,5% de recaudación extra durante 10 años permitiría acumular otros 20.000 millones más. Con todos esos recursos, se podrá disponer de colchón financiero. La propuesta de Inclusión tiene una pata adicional para determinar si son necesarios ajustes adicionales; para ello, propone comprobar periódicamente si el gasto en pensiones se está descontrolando. En 2032 se contrastará la previsión de gasto para 2050 con las proyecciones, con el mismo horizonte de mediados de siglo, hechas en 2024. Si las previsiones se mantienen, no habrá que adoptar ninguna nueva iniciativa; pero si hay una desviación, habrá que poner en marcha nuevas medidas.

La primera: usar ese dinero acumulado en el Fondo de Reserva durante diez años, a una ritmo máximo de un 0,2% del PIB anual. Si con eso no basta, o el Fondo se agota, se tomarán más iniciativas, primero sobre el gasto en pensiones y si no son suficientes, sobre los ingresos. Inclusión no define estas medidas —solo dice que se negociarán y se elevarán al Pacto de Toledo— pero las medidas sobre el gasto pueden suponer reducciones en las pensiones o retrasos en la edad de jubilación, y las que se aplican sobre ingresos aumentos en las cotizaciones y el uso de recursos para apuntalar la Seguridad Social.

Con esta propuesta, Inclusión da el primer paso para cumplir con un compromiso con la reforma de las pensiones: tener antes del 15 de noviembre una medida para sustituir al Factor de Sostenibilidad del Gobierno de Rajoy. El Factor nunca se puso en marcha, pero sigue en la ley. El Ejecutivo se ha comprometido con Bruselas a buscar otra fórmula y hasta el puso nombre antes de bosquejarla: Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

El borrador de MEI presentado por Inclusión ha sido acogido con prevención por los agentes sociales, según fuentes de la negociación: la patronal siempre rechaza el aumento de las cotizaciones, argumentando que en España están entre las más altas de Europa; los sindicatos temen que el planteamiento no consiga allegar recursos suficientes para hacer frente a las tensiones que va a sufrir el sistema.