Las pequeñas eléctricas, en pie de guerra por las nuevas medidas que prepara el Gobierno para bajar el recibo de luz. El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, planea sacar del mercado mayorista la producción de parte de las renovables para utilizarla sólo para cubrir la demanda de la tarifa regulada y hacerlo a un precio fijo. Las comercializadoras independientes temen que eso les provocaría una sangría de clientes hacia las grandes eléctricas, que son las que están obligadas a ofrecer la tarifa regulada.

Los planes del Gobierno, que previsiblemente se aprobarán en el Consejo de Ministros de la próxima semana, pasan por excluir del mercado mayorista a los productores de renovables que tienen una retribución específica mediante una rentabilidad garantizada (Recore) y utilizar su producción durante todo 2022 para suministrar a los clientes de la tarifa regulada a un precio estable de unos 60 euros por megavatio hora (MWh). Durante el mes pasado el mercado se ha mantenido de manera permanente por encima de los 200 euros MWh.

La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha enviado una comunicación al Ministerio para la Transición Ecológica destacando la necesidad de “evitar cruzar líneas rojas que puedan alterar, de forma perniciosa para la libre competencia y liberalización del mercado eléctrico, la actual configuración del mercado eléctrico”, al alimentar una tarifa concreta con “un precio intervenido”. Y la asociación de pequeñas eléctricas revela su intención de presentar una queja formal a las autoridades europeas para tumbar las medidas si finalmente el Gobierno las aprueba.

“ACIE anuncia la tramitación inmediata de una queja a instancias europeas por la adopción de medidas públicas que refuerzan la posición de dominio de las grandes eléctricas”, subraya la organización en un comunicado. La asociación sostiene que las medidas que prepara el Ejecutivo “son contrarias a las limitaciones de fijación de precio (en el marco de los principios de liberalización del sector eléctrico que rigen las Directivas y Reglamentos europeos en esta materia), intervención en el mercado y configuración del mismo a efectos del market coupling en el mercado interior europeo”.

ACIE -que agrupa a comercializadoras como Axpo, Aldro, Feníe o Factorenergía- alerta de que aplicar la nueva norma que prepara el Ministerio supondría un “freno inmediato a la liberalización del mercado minorista” y, sobre todo, “un potencial trasvase masivo de clientes” a la tarifa doméstica regulada, al ser una tarifa “artificialmente reducida con la que los comercializadores libres no podrían competir”. Actualmente, sólo los grandes grupos eléctricos integrados (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Repsol) ofrecen de manera forzosa tarifa regulada, denominada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).

Además, ACIE considera con las nuevas medidas está en peligro el esquema completo de financiación a través de su actividad de representación a generaciones independientes ante el mercado eléctrico, la cual les provee de una fuente de circulante financiero que hace viable su actividad. “Lo que puede, por tanto, poner en peligro la continuidad de las mismas”, subraya la organización.

“De alterarse la actual estructura del servicio de representación los comercializadores perderían una fuente de financiación de aproximadamente 1.000 millones de euros y tendrían que depositar con fondos propios una ingente cantidad de garantías ante OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía). Además de suponer la generación de posibles conflictos entre comercializadores y los productores afectados en relación con los contratos de cobertura que pudieran haber suscrito”, denuncian las eléctricas independientes.