El sector del transporte de mercancías por carretera prepara un invierno caliente. El Comité Nacional del Transporte por Carretera, en el que están representadas las patronales de los transportistas, ha convocado tres jornadas de huelga a las puertas de las Navidades (entre el 20 y el 22 de diciembre) por el “estado de abandono” del sector por parte del Gobierno y la falta de avances en la adopción de medidas concretas para garantizar la sostenibilidad económica de su negocio.
Los paros que preparan las compañías se producirían en fechas muy complicadas en las que se multiplican los suministros de mercancías por la proximidad de las fiestas de Navidad y llegarían en un momento en que los problemas en la cadena logística internacional ya está poniendo en jaque algunos suministros. El Gobierno ha salido al paso intentando apaciguar a los transportistas de momento con promesas aún inconcretas sobre las principales reclamaciones del sector.
La gota que ha colmado la paciencia de los camioneros ha sido el plan que prepara Gobierno para cobrar por el uso de las autovías y autopistas de cara a 2024 para cubrir los costes del mantenimiento y conservación de la red, como una de las exigencias de Bruselas para recibir los fondos europeos ligados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Aunque desde el Ejecutivo se insiste en que no hay un modelo concreto para aplicarlo -la Comisión Europea exige tener lista la regulación en junio de 2022-, los planes pasan por aplicar primero una tarifa fija por días, semanas, meses o años para utilizar las autovías y pasar después a un cobro por uso real, por kilómetros recorridos.
Desde la Confederación Española del Transporte por Mercancías (CETM) se subraya que el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió en julio de 2020 a no instaurar el pago por uso de las autovías sin contar con el consenso del sector. Es la causa del enorme cabreo del sector por el hecho de que la medida ya se contemple en el acuerdo entre el Gobierno y Bruselas para articular la llegada de los fondos europeos.
“Todo parece indicar que nos obligarán a pagar por algo que ya hemos costeado. El transporte aporta a las arcas del Estado 19.000 millones de euros anuales a través de los impuestos a los combustibles, más que suficiente para hacer frente al mantenimiento de las carreteras”, critica CETM.
Consenso y bonificaciones
Desde el Gobierno se apunta a que su compromiso con adoptar las medidas por consenso se mantiene y también se desliza sin dar detalles que el transporte profesional recibirá un trato especial mediante descuentos en la aplicación futura del pago por uso de las carreteras. Tanto la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, como la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, han salido este jueves a confirmar, sin mayor concreción, que los transportistas tendrán bonificaciones y un tratamiento diferenciado por el uso intensivo de las carreteras que realizan.
Las titulares de los ministerios Asuntos Económicos y de Transportes coincidieron también en subrayar que “hay tiempo” para alcanzar acuerdos con las asociaciones empresariales del Comité Nacional del Transporte por Carretera y evitar la huelga en un momento tan crítico como las Navidades. El Gobierno apuesta por mantener un diálogo “muy constructivo con un sector estratégico” para España. “Somos sensibles a la situación de los transportistas. Es un sector al que hemos atendido siempre con especial cuidado”, subrayó Calviño.
“Es más de lo mismo. Seguimos hablando, pero el sector necesita hechos. El sector no soporta un gasto más. El sector ha dicho basta”, replicó Carmelo González, presidente del departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera, en declaraciones a LaSexta. “Que se demuestre con hechos que somos esenciales. Se nos dan buenas palabras, hay que pasar a los hechos con resultados a corto plazo”.
Ayudas para renovar camiones
Además del rechazo al cobro por el uso de las carreteras, las patronales del transporte también justifican la convocatoria de los paros en la falta de medidas por parte del Gobierno prohibir que los camioneros tengan que asumir también la carga y descarga de los camiones, la construcción de áreas de descanso seguras para los profesionales y la inclusión en la Ley del Contrato de Transporte de la aplicación obligatoria de una cláusula de revisión del coste combustible, en un momento en que los carburantes acumulan un incremento del precio de un 40% en el último año. Las patronales del sector también afean que no se haya realizado la devolución de los 200 millones de euros del importe pendiente a devolver del céntimo sanitario, que estaba previsto para finales de 2020.
Tras la convocatoria del paro patronal, la ministra de Transportes anunció la movilización de 400 millones de euros a través de las comunidades autónomas para subvencionar la renovación de la flota del transporte profesional por carretera par apoyar la descarbonización del sector. El objetivo es aprobar esta nueva línea de ayudas este mismo mes.
Raquel Sánchez ha indicado, en cualquier caso, que la mayoría de las reivindicaciones de las asociaciones del sector están fuera de las competencias de su departamento. Un extremo que las asociaciones del sector rechazan. “Después de haber superado la etapa más crítica de la crisis sanitaria, en la que la labor del sector de transportes ha sido esencial, es de esperar que el Ministerio demuestre con hechos que se preocupa por nosotros y responda a los compromisos que adquirió con el CNTC”, subrayan desde CETM. “Señora ministra, nos parece ejemplar que considere que “conseguiremos salir de esta crisis”, pero no olvide que para ello hace falta que tomen en serio a los transportistas y ofrezcan soluciones, porque de lo contrario podríamos ver cómo se colapsa el país”.
