Contra el varapalo económico que supondrá el apagón definitivo de las chimeneas de Cerceda y As Pontes, vuelve a mover ficha el Gobierno central. En un encuentro con los alcaldes de las zonas afectadas, el delegado del Gobierno en Galicia anunciaba ayer la creación de dos líneas de ayudas con 100 millones de euros “para la Transición Justa en el Plan de Recuperación”. Según recordó José Miñones, los concellos gallegos perjudicados por la descarbonización ya cuentan con “una asignación de 111 millones para afrontar los retos socioeconómicos vinculados a la transición hacia la neutralidad climática”.

En la cita celebrada en Ferrol con la asistencia además de los sindicatos CCOO, CIG y UGT; la directora del Instituto para la Transición Justa confirmó que se creará la figura de una persona en Galicia para la coordinación de las inversiones y actuaciones. Su puesta en marcha, con dependencia del citado Instituto, se prevé para enero de 2022. Miñones explicó las dos nuevas líneas de ayuda a los mandatarios de As Pontes (la teniente de alcalde Ana Pena), Cerceda (alcalde Juan Manuel Rodríguez) y Ferrol (alcalde Ángel Mato). La primera está dotada con 91 millones de euros para financiar infraestructuras y proyectos innovadores. Y la segunda dispone de nueve millones “para una asistencia técnica para poder colaborar” con los ayuntamientos afectados por el cierre de térmicas.

Los convenios en el caso de Galicia se oficializarán con A Capela, San Sadurniño, As Somozas, Mañón, Monfero, Moeche, Cerdido, Cabanas, Ortigueira, Ferrol, Muras, Vilalba, y Xermade —todos afectados por el cierre de Endesa en As Pontes—; además de Cerceda, Ordes, Carral, Tordoia y A Laracha, por la clausura de Meirama por Naturgy. El objetivo de los convenios de transición justa pasa por “crear empleo, garantizar la actividad en las áreas afectadas y fijar población”. Se identificarán posibles proyectos, inversiones y oportunidades laborales que garanticen la reactivación de las comarcas, “con un modelo productivo diversificado y sostenible” que genere nuevas salidas.

En este camino, se encuentran implicados los Ministerios para la Transición Ecológica, Trabajo y Economía Social. Precisamente, este último prepara planes de formación para mejorar la empleabilidad o la “reconversión si es necesario”. Y el Gobierno también señala la colaboración con Xunta, otras administraciones y sindicatos. En formación, se transferirán a mayores otros 20 millones de euros a las comunidades inmersas en la descarbonización por lo que se implicará directamente a la Xunta de Galicia. José Miñones quiso dejar ayer claro, en ese sentido, “el apoyo del Gobierno al futuro industrial de las áreas de Ferrol y Cerceda”.

Recalca la Delegación del Gobierno que “fue el Ministerio para la Transición Justa el que aprobó la concesión de 111 millones de euros del Fondo de la Transición Justa (UE) para la provincia de A Coruña, en concreto para As Pontes y Meirama (Cerceda).“La formación constará de dos etapas y tendrá elementos como cursos de transición energética o empleo verde, todo vinculado a la apuesta por mantener la población en los ayuntamientos afectados”, señaló José Miñones. Y añadió que también habrá ayudas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La inclusión de Ferrol en los protocolos de transición justa obedece a las peticiones del regidor y los sindicatos.

Jornada con Francisco Conde

Sobre la transición justa también se pronunciaba ayer el vicepresidente económico y conselleiro de Economía, Empresa e Innovación. Francisco Conde participó en Madrid en la jornada Política industrial para una transición justa, encuentro hispano-alemán promovido por los sindicatos UGT y CCOO. Allí reivindicó que “el objetivo pasa por generar nuevas oportunidades apostando por la innovación y el diálogo social”.

Defendió una “política industrial transformadora que permita contar con un tejido productivo competitivo, y una industria sostenible y vinculada a la innovación y al talento: dos de los ejes prioritarios en los presupuestos de la Xunta de Galicia para el próximo año, que destinan 276 millones de euros para impulsar el ecosistema de I+D+i”.

El conselleiro de Economía defendió que “en un contexto como el actual, en el que la innovación gallega ha crecido más del doble que la media de España desde el año 2014, el Gobierno autonómico está trabajando de la mano de los agentes sociales para sacar adelante la nueva Estratexia de Especialización Intelixente”.

Esa RIS3 se diseña para “pensar en una Galicia de 2030 enfocada al binomio sostenibilidad-industria, teniendo en cuenta que la innovación es la clave de todo este proceso de transición hacia una economía digital y sostenible”.