La Audiencia Nacional ha autorizado al administrador judicial de Alu Ibérica, el abogado coruñés Ramón Juega, a tramitar la entrada de la empresa en concurso voluntario de acreedores. La jueza María Tardón, que instruye el caso Alcoa, ha tomado esta decisión al comprobar la “situación de insolvencia” en la que se encuentran las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés que Alcoa vendió hace dos años a Parter Capital y que el fondo suizo revendió a Grupo Riesgo en 2020. No hay dinero en las cuentas de la empresa, ni producción para conseguirlo, y los embargos llaman a la puerta por el aluvión de impagos. Mientras la investigación judicial avanza para determinar las responsabilidades penales de un proceso de venta sospechoso de estafa y con indicios de descapitalización, la magistrada sostiene que el proceso concursal es “la única vía adecuada para la protección del patrimonio, así como de los derechos de trabajadores y resto de acreedores” de las mercantiles Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL e Iberian Green Aluminum Company SL (la instrumental que Riesgo creó en 2020 para vaciar Alu Ibérica). La Audiencia entiende que el concurso aportará seguridad jurídica y permitirá hacer frente a las deudas “bajo la tutela del juez”.
En un auto fechado este martes, la jueza Tardón constata que tanto Alu Ibérica LC (la planta de A Coruña) como Alu Ibérica AVL (Avilés) ya eran insolventes cuando el administrador concursal tomó las riendas de la compañía en agosto, para apartar a Grupo Riesgo de la gestión como medida cautelar por los indicios de saqueo. Ambas plantas “carecían de la capacidad de atender las obligaciones adquiridas con terceros”, señala el documento judicial, que detalla que la Agencia Tributaria tiene en vía ejecutiva deudas que se originaron a comienzos de 2020, fecha que coincide con la entrada del grupo presidido por Víctor Rubén Domenech.
Aluvión de embargos
Alu Ibérica tiene además deudas con la Seguridad Social, por las que el administrador detectó “relevantes embargos por ejecuciones con origen ya desde octubre de 2020 afectado estos de manera generalizada al patrimonio del deudor”. También “numerosas ejecuciones judiciales, tanto en el ámbito laboral como en el civil”; entre ellas, reclamaciones de trabajadores que han provocado “el embargo de cantidades en las cuentas corrientes”.
Las nóminas eran el único pago que satisfacía Alu Ibérica hasta finales de julio, ya que el acuerdo de venta de Alcoa incluía un blindaje laboral de dos años por el que la multinacional americana se hacía cargo de la carga salarial. El 31 de julio expiró ese compromiso y los impagos habituales con los proveedores se extendieron a la plantilla, 600 trabajadores (300 en A Coruña) que actualmente se encuentra en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a la espera de que escampe.
“Al margen del pago de sueldos y salarios que formaba parte del compromiso adquirido con Alcoa, el resto de obligaciones con acreedores y proveedores comerciales, han sido desatendidas de forma generalizada con anterioridad a la fecha de aceptación del cargo de esta administración judicial”, constata Ramón Juega en el informe remitido a la Audiencia Nacional.
Cuentas vaciadas
El concurso de acreedores se perfilaba en los últimos meses como el fin inevitable del abismo financiero al que se asomaban las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés, que desde finales de agosto están cerradas por lo insostenible de su situación. No hay dinero en las cuentas de la empresa, esas que supuestamente Riesgo vació mediante sobrecostes, negocios ficticios, empresas pantalla y triquiñuelas como la compra de bitcoins, según los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Este desfalco no ha dejado más opción que la entrada en concurso de acreedores, un proceso que el administrador judicial solicita ahora ante el Juzgado de lo Mercantil en A Coruña para Alu Ibérica LC y el de Asturias para Alu Ibérica AVL.
La decisión de entrada en concurso se extiende a una tercera filial de Grupo Riesgo, Iberian Green Aluminum Company SL, con sede en Madrid. Esta es la firma instrumental que Riesgo creó en 2020 para vaciar el patrimonio de Alu Ibérica, según apuntan las investigaciones judiciales. En ese momento se denominó System Capital Management y según Tardón “habría servido de canal para detraer capitales de las plantas de producción” contribuyendo así a la “imposibilidad de reflotarlas con el consiguiente perjuicio de los acreedores y los trabajadores”.
El comité de empresa de la factoría de A Coruña se reúne esta mañana para analizar el “preocupante escenario” en el que queda sumida la fábrica y las vías de salida para un futuro industrial.
La venta de derechos de CO2, posible alzamiento de bienes
Grupo Riesgo exprimió los recursos de las fábricas de aluminio que Alcoa quiso cerrar en A Coruña y Avilés y que finalmente acabó vendiendo en julio de 2019 al fondo de inversión suizo Parter Capital movida por la lucha sindical y la presión política. Ya rebautizada como Alu Ibérica, Parter revendió la compañía —acción prohibida en los acuerdos de venta entre Alcoa y los trabajadores— a principios de 2020 a un desconocido en el sector: Grupo Riesgo. El administrado judicial, Ramón Juega, recoge en sus informes cómo Riesgo vendió hasta los derechos de emisión de CO2 que tenía adjudicados la fábrica, lo que le reportó al grupo cerca de nueve millones de euros. Juega alude a la “posible comisión de un delito de alzamiento de bienes” —si bien matiza que no le corresponde a él evaluarlo— por la venta de estos derechos así como de “materia que había sido depositada por sus legítimos titulares en régimen de maquila”, mientras negaba el pago de las deudas a proveedores y administraciones. Esta actuación le lleva al administrador a sospechar que Riesgo ocultó o hizo desaparecer bienes de Alu Ibérica con la finalidad de que sus acreedores tuvieran mayores dificultades para cobrar. De lo que el letrado coruñés no tiene ninguna duda es de que “estas actuaciones son claramente indiciarias de una galopante situación de insolvencia”.
