El Gobierno ha acordado prorrogar la suspensión del deber de solicitar concurso de acreedores —la llamada moratoria concursal, puesta en marcha por la crisis del coronavirus— hasta el 30 de junio de 2022. La decisión va “en consonancia” con el criterio de la Comisión Europea y busca “dar seguridad jurídica y seguir apoyando a las empresas” en su recuperación.
