“Si hay una fábrica que tiene que estar intervenida por la SEPI [Sociedad Estatal de Participaciones Industriales] o por cualquier otro organismo público esa es la planta de Alu Ibérica en A Coruña”. El presidente del comité de empresa de la factoría de aluminio de Agrela, Juan Carlos López Corbacho, manifestaba ayer de esta manera una demanda que los trabajadores llevan tiempo expresando pero que a su juicio ya no puede esperar, ahora que la Audiencia Nacional ha autorizado el concurso de acreedores por la insolvencia en a que Grupo Riesgo (dueño actual) sumió la empresa a base de supuestas maniobras de descapitalización. El portavoz de la plantilla aluminera apuntó directamente a la ministra de Industria, Reyes Maroto, como responsable del “fiasco” al que ha llevado la venta fallida de las plantas de A Coruña y Avilés (actual Alu Ibérica) de Alcoa a Parter Capital en 2019 —con el aval del Gobierno— y de este fondo de inversión a Grupo Riesgo, en 2020. Las evidencias de una “trama criminal” que están surgiendo durante la instrucción de la causa penal por posible estafa en este proceso justifican, según los trabajadores, la “nacionalización temporal” de la planta de aluminio dado su carácter “estratégico” para el país. “Si no, si esto continúa así tendremos que pedir públicamente la dimisión de la ministra Maroto por todo este fiasco”, concluyó Corbacho.

Los miembros del comité coruñés se reunieron ayer por la mañana para evaluar la situación de la plantilla —600 trabajadores en total, 300 de ellos en A Coruña— a partir de la entrada en concurso de acreedores, un proceso que la jueza de instrucción de la Audiencia Nacional María Tardón considera como “única vía posible” para salvaguardar el patrimonio de Alu Ibérica y los intereses de los empleados. Por ello ha facultado esta semana al administrador judicial, Ramón Juega, a solicitarlo esta tutela en el Juzgado Mercantil.

La representación de los trabajadores se queja de “falta de información” y considera que la entrada en concurso forma parte de un plan “precocinado desde el ámbito judicial” pero entiende también que es un punto sin retorno que requiere de acción política. “Las administraciones nos están dando la espalda”, lamentan en este sentido, aludiendo a la falta de plan industrial, la inconcreta búsqueda de inversores y la ausencia de reuniones de la mesa industrial. “Estamos sufriendo un drama tremendo”, resume Corbacho, que hace extensiva su queja a la Xunta.

Seis meses de ERTE

El comité detalló también que la totalidad de la plantilla, “salvo un retén”, se encuentra en ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) desde el pasado día 18 y durante un periodo máximo de seis meses. Durante esta suspensión de empleo los trabajadores cobrarán el paro, lo que alivia la situación de impagos de nómina en la que se encontraban desde que finalizó el periodo en que Alcoa asumía el pago de salarios, a finales de julio. Desde entonces, acumulaban tres meses sin cobrar.