El Juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña ha declarado en concurso voluntario de acreedores a la entidad Alu Ibérica LC, tras considerar que ha acreditado su estado de insolvencia. La magistrada no ha resuelto sobre la solicitud de apertura de la liquidación de la sociedad, pues considera que no procede pronunciarse sobre esta cuestión en este momento procesal. Por ello, la jueza ha concedido un plazo de cinco días al administrador judicial, que actúa en nombre de la empresa, para acreditar que está autorizado para solicitar la liquidación y, además, ha otorgado al administrador concursal designado un plazo de cinco días desde su toma de posesión para informar sobre la apertura de la liquidación. Contra el auto cabe presentar recurso. 

La semana pasada trascendía que la Audiencia Nacional veía el proceso concursal como “única vía adecuada para la protección del patrimonio, así como de los trabajadores y resto de acreedores” ante la insolvencia actual y autorizaba al administrador judicial de Alu Ibérica, el abogado coruñés Ramón Juega, a tramitar la entrada de la empresa en concurso voluntario de acreedores. La jueza María Tardón, que instruye el caso Alcoa, tomó esta decisión al comprobar la “situación de insolvencia” en la que se encuentran las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés que Alcoa vendió hace dos años a Parter Capital y que el fondo suizo revendió a Grupo Riesgo en 2020. No hay dinero en las cuentas de la empresa, ni producción para conseguirlo, y los embargos llaman a la puerta por el aluvión de impagos. Mientras la investigación judicial avanza para determinar las responsabilidades penales de un proceso de venta sospechoso de estafa y con indicios de descapitalización, la magistrada sostiene que el proceso concursal es “la única vía adecuada para la protección del patrimonio, así como de los derechos de trabajadores y resto de acreedores” de las mercantiles Alu Ibérica LC SL, Alu Ibérica AVL SL e Iberian Green Aluminum Company SL (la instrumental que Riesgo creó en 2020 para vaciar Alu Ibérica). La Audiencia entiende que el concurso aportará seguridad jurídica y permitirá hacer frente a las deudas “bajo la tutela del juez”.

En un auto fechado el martes 23 de noviembre, la jueza Tardón constata que tanto Alu Ibérica LC (la planta de A Coruña) como Alu Ibérica AVL (Avilés) ya eran insolventes cuando el administrador concursal tomó las riendas de la compañía en agosto, para apartar a Grupo Riesgo de la gestión como medida cautelar por los indicios de saqueo. Ambas plantas “carecían de la capacidad de atender las obligaciones adquiridas con terceros”, señala el documento judicial, que detalla que la Agencia Tributaria tiene en vía ejecutiva deudas que se originaron a comienzos de 2020, fecha que coincide con la entrada del grupo presidido por Víctor Rubén Domenech.