Los datos de embargos y desahucios de todo tipo de inmuebles hipotecados comienzan a dar síntomas de normalización. Tanto las ejecuciones de los créditos como los lanzamientos (los nombres legales de ambos procedimientos) llevan todo el año disparados. La práctica paralización de la actividad judicial entre marzo y septiembre del año pasado provocó una bolsa de casos que estalló en cuanto los juzgados volvieron a la normalidad en el cuarto trimestre de 2020. Sin embargo, los datos apuntan a una desaceleración.

Según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE), las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas de personas físicas alcanzaron entre julio y septiembre las 2.266 en las primeras residencias (un 22,7% más que un año antes, pero un alza muy inferior al 253% del segundo trimestre) y las 568 en las segundas viviendas (10,7% más, frente al 208% anterior). En conjunto, suman 15.100 entre enero y septiembre, un 14,5% más que un año antes, pero un aumento muy inferior al 31% que acumulaban en el primer semestre.

En cuanto a los desahucios de inmuebles hipotecados, se situaron en 2.203 en el tercer trimestre, un 40,9% más que un año antes, según apuntó el jueves el Consejo General del Poder Judicial. Pese a que siguen subiendo, el incremento interanual es muy inferior al del segundo trimestre (849%) y la cifra total es menor a la de antes de la pandemia (12,8% por debajo de la de entre julio y septiembre de 2019). En cualquier caso, los desahucios crecerán este año por primera vez desde 2015: ya suman 7.600 entre enero y septiembre, frente a los 6.915 de todo el ejercicio 2020.

Otro elemento clave son las distintas moratorias legales (aprobadas por el Gobierno para hogares vulnerables) y sectoriales (impulsadas por la banca para un colectivo más amplio) en el pago de las cuotas hipotecarias.

El plazo para solicitar el aplazamiento de hasta nueve cuotas venció el pasado 30 de marzo, porque la Autoridad Bancaria Europea dejó entonces de otorgar un tratamiento contable favorable a las mismas. La mayor parte de las moratorias se concedieron el año pasado y han ido venciendo. Está por ver el efecto de ello sobre las cifras de embargos y desahucios, ya que en la mayoría de los casos no ha pasado el tiempo suficiente para que los clientes hayan impagado el número de cuotas necesario para que los bancos puedan actuar.

Alquiler

Un capítulo aparte es el de los desahucios del alquiler. El Gobierno aprobó el año pasado una prohibición de los lanzamientos de familias vulnerables que viven arrendadas, así como la posibilidad de que este tipo de hogares obtengan un aplazamiento o condonación en el pago. En consecuencia, se produjeron 21.145, el 42% menos que en 2019.

La medida se ha ido prorrogando hasta el próximo 28 de febrero. Pese a ello, entre enero y septiembre de este año se produjeron 21.893, un 67% más, porque los potenciales beneficiarios ya están cubiertos y los que no cumplían los criterios sufren la crisis.