Alcoa es sinónimo de conflicto laboral y lucha obrera en Galicia y en Asturias, últimos enclaves del negocio de la fabricación de aluminio español que hasta 1998 era público (10 fábricas de Inespal) y que pasó a manos de la multinacional americana envuelto en un paquete de grandes descuentos eléctricos que dieron paso a la retirada de la empresa según se fueron agotando. La compañía sostiene que fabricar aluminio en España ya no es viable y ese postulado pone en jaque más de 1.200 empleos directos en A Coruña, Avilés (Asturias) y San Cibrao (Cervo, Lugo).

“Alcoa no vino a producir aluminio a este país, vino a consumir subvenciones y a crear empresas rapiña. ¿A qué espera el Gobierno para intervenir la planta?”, se cuestiona Juan Ramón Paseiro, delegado del comité de empresa de Alu Ibérica A Coruña. Los 300 empleados de la fábrica coruñesa y otros tantos de la asturiana están en ERTE, con las fábricas cerradas desde agosto, intervenidas judicialmente, en concurso de acreedores y a la espera de que la Audiencia Nacional resuelva la causa penal por posible estafa en la venta de Alcoa a Parter Capital en 2019 (con el aval del Ministerio de Industria) y de este fondo en 2020 a Grupo Riesgo, acusado de descapitalizar la empresa y al que la plantilla tacha de “sicario de aluminio”.

Ni los trabajadores ni el Gobierno quieren que el caso Alcoa se repita en su última fábrica, la de San Cibrao, para la que la compañía anunció el cierre el año pasado. El complejo de Cervo, en la comarca de A Mariña, integra una planta de aluminio primario y una refinería de alúmina con unos 1.100 empleos en total.

En mayo de 2020 Alcoa presentó un ERE para 534 operarios, el 84% de la plantilla aluminera, con el fin de quedarse solo con la instalación de refino. Pero la Justicia frustró sus planes de clausurar su última fábrica de aluminio primario en España. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia, hace un año, y el Supremo, en octubre, declararon nulo ese despido masivo cuyo “fin único y primordial” era “apagar las cubas y cerrar la fábrica de la manera más rentable” con “mala fe” y usando los porcentajes justos para poner en marcha la clausura de la fábrica sin devolver las ayudas.

Una salida para San Cibrao

El Ministerio de Industria ha convocado para hoy, a las 11.30 horas, una reunión telemática para abordar la última propuesta de Alcoa para la planta de San Cibrao. Con una huelga indefinida que ya dura tres meses en la planta —desde septiembre—, una huelga general en la comarca por su crisis industrial —el 17 de noviembre— y una sentencia firme en contra del ERE, el pasado 29 de noviembre finalmente Alcoa movió ficha: ahora ofrece quedarse con la fábrica mediante una solución a “medio-largo plazo” que pasa, a corto, por apagar las cubas y suspender la actividad durante los dos próximos años. A partir de 2024, la reactivación dependería de acuerdos de precios de la energía que habrá de negociar en este tiempo de paréntesis. La propuesta incluye además la promesa de no presentar ningún ERE en cuatro años, para desactivar un conflicto que lleva dos años inflamado.

La oferta que la multinacional del aluminio trasladó al comité de empresa acompaña el cese temporal de actividad (que afectaría básicamente a las cubas de electrólisis) con un permiso retribuido de dos años a los operarios afectados. Los representantes de los trabajadores exigen ahora que los gobiernos “se mojen” con recursos y garantías para alcanzar una solución —que para ellos puede estar dentro de lo que propone Alcoa— y matizan que por ahora “no le sirve” la propuesta, en primer lugar, porque los trabajadores de las auxiliares “son igual que los de Alcoa” y no están cubiertos. Ministerio, comité y Xunta analizan esta mañana la propuesta en un encuentro telemático en el que podría atisbarse la salida del laberinto. Las barricadas, las concentraciones y las manifestaciones por la crisis de Alcoa son una constante en A Coruña, Lugo y Asturias para reclamar un futuro industrial que pese a la lucha obrera, de momento, no acaba de fraguarse.

Clamor por el futuro de Alu Ibérica

Decenas de trabajadores de la fábrica de aluminio de A Coruña (antes de Alcoa, ahora Alu Ibérica) se concentraron en la tarde de ayer ante la Delegación del Gobierno para pedir una “solución” industrial que permita reactivar la actividad en la planta y salvar los 300 puestos de trabajo, que actualmente se encuentran sometidos a un ERTE.