El Gobierno volvió a sentarse ayer con Alcoa tras dos años de conflicto por la intención de la multinacional de cerrar su última fábrica en España, la de San Cibrao (Cervo, Lugo). Lo hizo en la mesa multilateral —telemática— convocada por la propuesta de la compañía de mantener la producción a medio y largo plazo a cambio de un cese inmediato de dos años y de una rebaja de su coste eléctrico que haga rentable fabricara aluminio. El Ministerio de Industria ofrece “todos los instrumentos de política industrial y energética” para hacer que la planta de San Cibrao “sea competitiva” y sus instalaciones sean modernizadas, pero antes exige garantías de inversiones y del suministro a clientes. Alcoa deberá aportar coberturas bancarias o avales que aseguren las inversiones de su plan de viabilidad de la planta de aluminio de San Cibrao.
La multinacional se limitó a “reiterar” en un comunicado su “voluntad de avanzar en la posible solución” y anunció que esta semana convocará al comité de empresa para una reunión para “llegar a un acuerdo que urge alcanzar cuanto antes para contener las elevadas pérdidas”.
El comité ha aceptado “por unanimidad” iniciar un nuevo proceso de negociación con la multinacional, a la que pedirá no parar cubas y mantener empleo en auxiliares. La Xunta, por su parte, recalcó que “cualquier negociación” debe “arrancar” de “un marco energético estable y de un precio competitivo”.
