El Fondo Monetario Internacional (FMI) vuelve a la carga con la necesidad de alargar la vida laboral, lo que supone retrasar la edad de la jubilación; y abaratar el coste del despido. Son algunas de las conclusiones de la misión de este organismo respecto de la situación de la economía española. Tras aplaudir la estrategia de vacunación llevada a cabo en España contra el coronavirus y destacar que el empleo ha superado los niveles previos a la pandemia, el organismo internacional insiste en la necesidad de mantener una política fiscal "expansiva en términos generales" hasta que se afiance la recuperación y focalizarse en los más vulnerables.

En todo caso, tras admitir la importancia del apoyo público para paliar los efectos de la crisis, los representantes del FMI advierten de la elevada deuda pública del país, situada en un 120% del producto interior bruto (PIB), lo cual, añaden, "es una fuente de vulnerabilidad". Por ello, además de animar a una política fiscal expansiva y favorecida por los fondos europeos 'Next Generation' (calculan que su impacto cumulado podría ser de 1,5 a 2 puntos de PIB a finales de 2022) alertan de que "con el tiempo, España tendrá que reducir la deuda a niveles más prudentes y crear margen fiscal para responder a 'shocks' futuros".

En este sentido avisa de que "si no se toman medidas discrecionales, se prevé que a medio plazo el déficit público siga estando por encima de los niveles previos a la crisis". Como consecuencia, "debe emprenderse un proceso sostenido y gradual de consolidación fiscal una vez que se cierre la brecha del producto y que la economía haya entrado en una senda de crecimiento sostenido". Ese requisito, apuntan, "se cumpliría en 2023". La previsión de crecimiento es del 4,6% este año y del 5,8% el que viene (el Banco de España las rebajó la semana pasada al 4,5% y el 5,4%, respectivamente, frente al 6,5% y el 7% que mantiene el Gobierno).

Sostenibilidad del sistema

El FMI, que reclama la elaboración de planes "creíbles a medio plazo" que aumenten los ingresos y racionalicen el gasto para afianzar la confianza de los inversores, subraya que la reforma de las pensiones ha priorizado inicialmente "la aceptabilidad social y la suficiencia", con medidas como ligar la revalorización de las prestaciones a la inflación y la supresión del factor de sostenibilidad. Todo ello, agregan, no impide que "persista la inquietud sobre la sostenibilidad en el caso de que no se implementen medidas adicionales".

Y recuerdan, por tanto, que se requieren "esfuerzos adicionales para contrarrestar las presiones del gasto en pensiones", con un alza anual estimada del 3,5% del PIB hasta 2050. Entre las soluciones sugieren mecanismos para restringir el gasto, como por ejemplo, prolongar más la vida laboral y, en el apartado de recaudación, incrementar los ingresos máximos sujetos a cotizaciones. "Se espera que algunas de estas medidas se incorporen en la segunda fase de reformas de 2022", recuerdan.

En el apartado de aumentar la recaudación proponen una ampliación de las bases imponibles y "un aumento de los impuestos medioambientales". En los gastos, mejoras de eficiencia , fundamentadas en las evaluaciones de gasto. En este sentido aplauden la creación de la división permanente en la autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para dar continuidad a la evaluación del gasto.

Reducción el tiempo de trabajo

En materia laboral, los representantes del FMI insisten en "hacer los contratos indefinidos más atractivos para las empresas, reduciendo el coste generado por la incertidumbre jurídica relacionada con el despido de trabajadores indefinidos, así como regímenes de reducción del tiempo de trabajo "bien diseñados", que darían a las empresas la capacidad de amortiguar 'shocks' temporales'". Esos mecanismos, agregan, no deben suponer una carga para las finanzas públicas y abogan por "políticas activas de empleo más eficaces", que reasignen a los trabajadores entre empresas y sectores en casos de crisis estructurales. A su vez defienden una mayor flexibilidad en la negociación colectiva, permitiendo "acuerdos a nivel de empresas con parámetros amplios fijados a nivel sectorial".

En lo que respecta a políticas de vivienda, el Fondo critica los techos a las subidas de alquiler en zonas tensionadas porque "pueden introducir ineficiencias y restringir la disponibilidad de inmuebles para futuros arrendatarios". También abogan por "simplificar los reglamentos sobre el uso de terrenos y agilizar los procesos de permisos de los gobiernos autonómicos".