Los agentes sociales dieron el visto bueno a la reforma laboral la semana pasada, pero los equipos negociadores han estado trabajando hasta el último momento para asegurarse de que el Real Decreto-Ley que aprobará hoy el Consejo de Ministros está a gusto de todos y recoge de forma fidedigna lo que se ha pactado en la mesa de diálogo a lo largo de nueve meses. Según fuentes de sindicatos y empresarios, durante las últimas horas se han estado afinando los redactados para depurar inconcreciones, corregir erratas e incluso eliminar párrafos repetidos, consecuencia inevitable de los “corta y pega” que se han sucedido en las últimas jornadas, cuando las negociaciones se prolongaban durante horas y se retocaban sin cesar los textos. El Periódico de España, del mismo grupo editorial que LA OPINIÓN, ha tenido acceso al último documento, que incluye cambios que se acordaron de palabra en las conversaciones finales y que se ponen ahora por escrito, y que reflejan una vez más las concesiones hacia la posición empresarial que finalmente inclinaron a la CEOE a firmar el acuerdo.

La modificación principal es que la penalización por final de contrato que contempla la reforma, pensada para castigar a los empresarios que abusan de la contratación temporal, finalmente va a recaer sólo sobre los que hagan contratos de menos de 30 días. Se trata de un recargo en lo que hay que pagar a la Seguridad Social al terminar la relación laboral, que se calcula “multiplicando por tres la cuota resultante de aplicar a la base mínima diaria de cotización del grupo 8 del Régimen General de la Seguridad Social para contingencias comunes, el tipo general de cotización a cargo de la empresa para la cobertura de las contingencias comunes”; en una palabra: casi 25 euros más por contrato.

Hasta casi el final de la negociación, ese recargo se iba a aplicar a todos los contratos temporales; con el redactado final, no sólo se limita a los contratos que duren menos de un mes, sino que se exceptúa de esta penalización a los contratos del sector agrario (que ya se libraban en redactados anteriores), y también a los de empleados de hogar, de la minería del carbón y a todos los contratos por sustitución.

Por otro lado, también se añade al texto una disposición transitoria que establece que las infracciones por incumplimiento de las reglas de temporalidad cometidas antes de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley se sancionarán conforme a las reglas y las cuantías previstas hasta ahora. Así, las nuevas multas más altas contra las empresas que incurran en malas prácticas laborales, que además se aplicarán por cada trabajador irregular en vez de saldarse con una única sanción por compañía, sólo valdrán para las situaciones de fraude que se hayan producido a partir de la aprobación de la reforma.

Otra de las novedades es que las nuevas fórmulas de contratación acordadas en la mesa tardarán tres meses en entrar en vigor.