Abanca y los sindicatos CCOO, UGT y SIB-sf firmaron ayer el acta final del periodo de consultas del procedimiento de despido colectivo que afectará a un máximo de 140 trabajadores, con medidas de movilidad geográfica y modificación sustancial de las condiciones de trabajo promovido por la entidad financiera en relación con la integración de Bankoa y las sucursales españolas del luso Novo Banco, cuyas compras se completaron este año.

Al inicio de las negociaciones, la entidad que preside Juan Carlos Escotet cifró sus necesidades de ajuste en unas 350 personas, con una docena de oficinas afectadas y la máxima de que primase la “voluntariedad” en las salidas. El texto final recoge que en la reunión del pasado día 9 “la mayoría de la representación sindical y la representación de la empresa alcanzaron un acuerdo” por el que se abrió “un proceso de desvinculaciones voluntarias por mutuo acuerdo a través del acceso a la prejubilación” de los trabajadores que prestan sus servicios en las provincias afectadas por el proceso de reestructuración. Destaca que esto es “lo que ha permitido reducir el ámbito de afectación del despido colectivo a un máximo de 140 personas trabajadoras”.

En un anexo, el acuerdo especifica la distribución provincial del “excedente”, con 37 en Guipúzcoa, tres en Vizcaya, 87 en Madrid, tres en Asturias, seis en Valencia, dos en Málaga y dos en Sevilla. Así, el número máximo de personas trabajadoras afectadas por el despido colectivo será de 140. El mínimo, 115. Las salidas se producirán a lo largo de 2022.

El texto establece que podrán acogerse a las bajas indemnizadas por adscripción voluntaria “únicamente las personas trabajadoras que tengan menos de 50 años de edad a 31 de diciembre de 2021”. En este caso la indemnización será de 33 días de salario bruto fijo anual por año de servicio, cantidad que se incrementará con dos indemnizaciones adicionales por la adscripción voluntaria en función de la antigüedad en el banco. Para las bajas indemnizadas por decisión del banco, la indemnización será de 33 días de salario por año de servicio con el tope de 24 mensualidades.

Además, la entidad se reserva la posibilidad de “adoptar medidas de movilidad funcional y/o geográfica” durante todo el año 2022, que podrán suponer “el cambio de la red de oficinas a los servicios centrales o a la inversa”.