El gobierno municipal de Muras, epicentro del desarrollo de la energía eólica en Galicia, salió el fin de semana a pedir “responsabilidad” al sector para que eleven los precios que paga a los propietarios de los terrenos y, de paso, afear a la Xunta que lleva recaudado unos 2,2 millones de euros del canon a los parques desde 2010 y el concello solo percibió una cuarta parte, unos 500.000 euros. Todo esto después de que el ejecutivo autonómico presumiera el pasado 13 de enero de ingresar cada año unos 23 millones por la polémica tasa. Los promotores vuelven a exigir que los fondos vayan “exclusivamente” a los ayuntamientos donde hay molinos.

“Si es una compensación para los territorios donde se han instalado parques o se han visto afectados por su instalación por las líneas de evacuación, a sus correspondientes municipios debe ir íntegramente el producto de este impuesto”, reclama la patronal eólica de Galicia (EGA), que recuerda que es la única actividad empresarial “que sobrelleva un impuesto específico, además de todos los que está obligado a pagar”. “Ni las minas, ni las compañías del ciclo integral del agua, ni los bateeiros soportan un impuesto a mayores de los propios derivados de la actividades empresarial —señalan las empresas—. Y generamos energía verde, no contaminamos”.

EGA insiste en que es compatible conciliar el desarrollo del rural y el negocio eólico. “A los propietarios de los momentos donde se instalaron parques, ubicados en un centenar de concellos, se les abonan anualmente más de 11 millones de euros en concepto de rentas. Es el mejor rendimiento que se puede obtener, por encima del uso agrario o forestal”, reivindica.