La reforma laboral entra en un túnel oscuro. Por ahora, y a dos semanas de la votación en el Congreso, los números no le salen al Gobierno. La negociación con los socios de investidura sigue atascada. ERC se niega a convalidar el texto "tal como está", el PNV exige que conste la prelación de los convenios autonómicos para salir de su negativa, Bildu suma a esta petición la mejora de la indemnización por despido. Consciente de que los aliados habituales venden caro su respaldo, el ala socialista del Gobierno ya mira hacia la derecha. Hacia Ciudadanos, quien sí ofrece su apoyo gratis "si no se toca una coma" del acuerdo. Ya de manera explícita abre la puerta a nuevas "mayorías", a que una reforma que cataloga "de Estado, de país" salga adelante sin el auxilio de los socios de izquierdas. Unidas Podemos tuerce el gesto: introducir en la ecuación a la formación naranja, advierte, es una "trampa". El problema es que la vía de salida con los de Inés Arrimadas, si el PNV se aferra al no, ofrecería una pista de aterrizaje factible, aunque arriesgada para el Ejecutivo: la votación en la Cámara sería muy ajustada. Mucho. Todo dependería de cómo inclinasen la balanza partidos pequeños como Más País o Compromís. O hasta UPN.

La disposición de la Moncloa y de Ferraz a ver convalidado el decreto el 3 de febrero con los votos de Cs ya era evidente en privado en los últimos días, pero este jueves quedó afianzada con meridiana claridad a través de las palabras de dos de los dirigentes más cercanos al presidente, de su máxima confianza: Félix Bolaños y Adriana Lastra. El titular de la Presidencia, en un desayuno informativo en Madrid, apostó por "ensanchar mayorías" en temas "fundamentales". Y una de ellas es, alegó, la reforma laboral, al ser una cuestión "de Estado", por lo que "todas las fuerzas políticas y principalmente el PP tendrían que estar también a la altura y apoyar la reforma laboral en el Congreso".

Bolaños, al igual que Lastra posteriormente desde Ferraz, fueron muy insistentes en que hay que "preservar" y "respetar" el contenido del acuerdo suscrito con patronal y sindicatos. Sin cambios. Sin modificaciones posteriores, porque de introducirse saltaría por los aires el consenso con los agentes sociales, a los que el PSOE bajo ningún concepto quiere perder.

La vicesecretaria general percutió en la misma idea: hay que convalidar aquello que han bendecido empresarios y trabajadores, porque es una reforma "buena" para ambos, y esa apelación se dirige a "todos" los grupos, sin "excluir a nadie de poder apoyarla", dijo, preguntada explícitamente por Cs. ¿Prefiere la vía a la izquierda o a la derecha? "No se trata de preferencias. La única preferencia que tiene este Gobierno es que salga adelante la reforma porque recuperamos derechos y establecemos un nuevo marco laboral", respondió la número dos del PSOE de manera elocuente.

No dar por hecho "ningún voto"

Al término del desayuno de Bolaños, corrieron las declaraciones del presidente del PNV, Andoni Ortuzar. Tajantes también: su "responsabilidad" como partido es con Euskadi, y por ello defenderá "la prevalencia de los convenios autonómicos frente al marco estatal". "Si esto no se garantiza, nuestro voto será no, sin abstenciones tácticas", zanjó. "No demos por hecho ningún voto aún", respondían fuentes del Ejecutivo. "El PNV es uno de los socios prioritarios con los que siempre acordamos. Es un socio confiable y alcanzaremos más pronto que tarde el acuerdo o los acuerdos en los que ya estamos trabajando", aseguró Lastra en la sede federal.

La dos se afanaba así en mimar a los nacionalistas. No en vano, el secretario de Organización, Santos Cerdán, y el portavoz parlamentario, Héctor Gómez, habían viajado este jueves a Bilbao para mantener una comida de trabajo con Ortuzar y con su hombre en el Congreso, Aitor Esteban. La cita era consecuencia de un anterior encuentro de los cuatro en Madrid, pero como indicaron fuentes asistentes a la reunión —a la que también acudió el líder del PSE, Eneko Andueza, y su mano derecha, Miguel Ángel Morales—, sí se dio un "repaso general" a distintos temas, entre ellos la reforma laboral.

El decreto podría ser convalidado con el no del PNV, pero la votación se haría muy cuesta arriba al Ejecutivo. Tendría que hacer frente a un máximo de 173 votos en contra, los que sumarían PP-Foro (89), Vox (52), Junts (4), CUP (2), BNG (1) y tres de los socios habituales, ERC (13), Bildu (5) y PNV (6). Es decir, que socialistas y morados (154 diputados) necesitarían como mínimo 174 síes y dos abstenciones, umbral que podrían conseguir con el sí imprescindible de Cs (9) y PDECat (4) y la ayuda de Teruel Existe (1), Coalición Canaria (1), Nueva Canarias (1), PRC (1), UPN (2), Más País (2) y Compromís (1). La abstención del PNV desahogaría la presión, ya que las cuentas no irían tan justas y el listón de votos en contra bajaría de 173 a 167 escaños.

"Si no se toca una coma"

El portazo (al menos por ahora) de Ortuzar servía a Unidas Podemos para advertir a sus compañeros de Gabinete que la salida de Cs no es posible. Jaume Asens, presidente del grupo morado en la Cámara baja, lo llamó "trampa", tendida para "torpedear" el bloque de investidura. La tesis del socio minoritario de la coalición es que meter a Cs en la ecuación es peligroso, por cuanto quedan dos años de legislatura y habrá que seguir sacando leyes sociales que no podrán apoyar los naranjas.

A ese reproche Lastra respondió señalando que lo que le resultaría "desconcertante" e "inexplicable" es que los grupos no apoyaran la reforma laboral. Edmundo Bal, portavoz de Cs en el Congreso, confirmó que sus nueve diputados votarán a favor del texto "si no se toca una coma". Desde el ala socialista del Ejecutivo defienden que no se puede "boicotear" el sí de los liberales teniendo en cuenta que no hay negociación con ellos ni ellos piden cambiar nada del decreto. Es decir, que no se pueden rechazar votos gratis. En la tele, en 'La Sexta', el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, confirmaba los "intensos contactos" de Trabajo con los socios y mostró su confianza en poder sacar adelante la reforma con ellos. El departamento de Yolanda Díaz ofrece a los grupos no tocar el decreto pero sí dar cauce a algunas de sus peticiones a través de otras iniciativas que toquen la legislación laboral (no el acuerdo).

El PSOE se niega a esa alternativa. Bolaños participó por la tarde en un acto organizado en Ferraz por la agrupación socialista de Madrid ciudad e insistió en que el contenido no se puede tocar, porque este es un "acuerdo muy singular": procede de la negociación de los agentes sociales, no del Consejo de Ministros. Es decir, que ya está hablado y consensuado, no es un texto que el Ejecutivo impulsa y que requiere de la aportación de los grupos. "Cualquier modificación" puede acabar con los "equilibrios" que lo sustentan, dijo.

"No es el punto final"

En ese acto, Bolaños estaba flanqueado por los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez. Ambos habían estado por la mañana en su desayuno. Ambos líderes sindicales lanzaron durante toda la jornada un mensaje coincidente con el del PSOE: no hay que tocar la reforma.

"Pedimos a los partidos, y particularmente a los partidos de izquierda, que piensen más en la posibilidad de que millones de trabajadores en España tengan un contrato indefinido que en las próximas elecciones generales", clamó Sordo, quien recordó que patronal y centrales son los "agentes interesados" en cualquier modificación del mercado de trabajo. Esta reforma "no es el punto final", "quedan dos años de legislatura para hacer cambios laborales", señaló, para intentar convencer a los socios.

"Es un acuerdo muy trabajado —convino Álvarez—. Nos gustaría que se aprobara sin tramitación parlamentaria [posterior]", porque el texto es fruto de "centenares de horas de trabajo" a tres bandas. El jefe de UGT elogió el impulso del Ejecutivo en estos meses. Ese mensaje, que de forma privada también han repetido los sindicatos en estas semanas a los grupos, era capital para el PSOE, para apuntalar su advertencia de que no se puede tocar el texto. No solo porque no lo quiera el presidente, sino porque lo rechaza la patronal y, también, los representantes de los trabajadores.