Es momento de poner orden en el salvaje oeste digital”. Así es como el comisario europeo del Mercado Interior, Thierry Breton, ha dado la bienvenida a la Ley de Servicios Digitales (DSA), la esperada regulación del ecosistema digital que la Unión Europea (UE) ha aprobado este jueves y que puede transformar internet tal y como lo conocemos.

Casi dos años después de que la Comisión Europea (CE) lo pusiese sobre la mesa, este mastodóntico proyecto legislativo establece una serie de nuevas reglas para las compañías tecnológicas que afectarán a redes sociales, servicios de mensajería y tiendas de aplicaciones. Esas normas van desde eliminar el contenido ilegal publicado en esos espacios a limitar la extracción de datos de los usuarios para la publicidad personalizada, pasando por nuevas obligaciones y mecanismos de transparencia sobre los algoritmos.

El texto aprobado por la Eurocámara y anunciado por su nueva presidenta, Roberta Metsola, impone importantes restricciones a la publicidad digital que se alimenta de la recopilación de datos privados de los ciudadanos y prohíbe el uso específico de datos sensibles como el origen racial o étnico, la orientación sexual o las creencias religiosas y de datos de menores. Así, supone un importante revés al modelo económico de vigilancia masiva que copa el duopolio formado por Google y Facebook. El año 2020, Google facturó 147.000 millones de dólares en publicidad, lo que supone hasta un 80% de sus ingresos. En el caso de Facebook ese porcentaje crece hasta el 85%, acumulando 84.200 millones.

Adaptarse a los tiempos

En los últimos años, la UE se ha visto superada por el meteórico ascenso de plataformas digitales que han transformado la economía y la sociedad. La consolidación de poder de empresas como Google, Amazon o Facebook ha ido a menudo de la mano de prácticas abusivas. Bruselas ha tratado de contenerlas investigando caso por caso y aplicando sanciones basándose en la Directiva sobre el Comercio Electrónico, aprobada el año 2000 y que aún sigue vigente. La DSA permitirá adaptar la ley a los tiempos que corren e ir más allá de los casos individuales para regular las plataformas digitales.

Con esta directiva, la UE busca reafirmar su liderazgo mundial en la protección de datos y agilizar la fiscalización de las grandes tecnológicas, pilares que pueden marcar el internet de la próxima década. Bruselas ha reiterado que su voluntad es crear un espacio digital más seguro y privado para los usuarios. Las obligaciones de la DSA afectarán a todas las empresas digitales, pero incidirán de forma especial en la actividad de gigantes de la industria. Cuanto mayor sea la empresa mayores serán los requisitos a cumplir. Aunque sean extranjeras, todas deberán contar con representantes legales en Europa.

Más transparencia

El texto aprobado este jueves establece que esas compañías deberán ser mucho más transparentes. Así, entre otras cosas, deberán informar a las autoridades sobre qué medidas toman para identificar y eliminar la publicación de contenido ilegal, sobre quién patrocina los anuncios que ven los usuarios y sobre el funcionamiento de sus algortimos de recomendación, que deberán ser sometidos periódicamente a auditorías externas. El mundo académico deberá tener acceso a esos datos para poder estudiar el impacto social de esas tecnologías.

La DSA tendrá ventajas visibles para los usuarios. La norma obligará a las plataformas a informarles de la eliminación de contenido y darles instrumentos para que puedan impugnar esa decisión. También deberán ser más transparentes con las condiciones de uso y las políticas de privacidad, que ahora aparecen expuestas en kilométricos textos legales de difícil comprensión.

Además, el paquete de la nueva regulación europea incluye la Norma de Mercados Digitales (DMA), dirigida a las grandes empresas y que prohibirá impedir que los usuarios se desinstalen aplicaciones instaladas por defecto. En caso de incumplimiento, la DMA establece sanciones de hasta el 10% del volumen de negocio mundial de esas compañías.