El Gobierno defiende la reforma para asumir el control de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la reestructuración bancaria), conocida popularmente como 'banco malo', asegurando que, pese al coste del rescate bancario, la operación mejorará las cuentas de las instituciones públicas y reforzará la defensa del contribuyente.

Así consta al menos en la memoria de impacto que acompaña al decreto ley que aprobado el martes en Consejo de Ministros para poder elevar su participación por encima del 50% en esta entidad, a través del FROB, sin necesidad de que la Sareb adquiera la condición de sociedad mercantil estatal.

Aunque deberá ceñirse al régimen de contratos mercantiles y de alta dirección, gozará de un régimen societario específico hasta su liquidación en 2027 y seguirá bajo la supervisión del Banco de España.

Aumentará el coste del rescate

En el momento de su constitución, la Sareb emitió 50.781 millones de euros de deuda avalada por el Tesoro como medio de pago para adquirir los activos de las nueve entidades financieras que habían recibido ayudas públicas durante el rescate bancario: 39.438 millones en activos financieros y 11.343 millones en activos inmobiliarios.

Al cierre de 2020, el 'banco malo' contaba con un patrimonio neto negativo de 10.500 millones y todavía tenía pendiente de devolver 34.918 millones de euros. Deuda avalada por el Estado inferior a todos los activos por liquidar que, de acuerdo con la última información financiera pública de la compañía, a cierre del primer semestre de 2021 se quedaba en 30.488 millones de valor neto contable -15.160 millones en activos financieros y 15.328 millones en activos inmobiliarios-.

Engordará las pérdidas del rescate bancario

En su memoria de impacto, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno asume que la Sareb engordará las pérdidas asumidas ya por el rescate bancario.

Así, señala que "es previsible que la Sareb no alcance a liquidar la totalidad de su activo antes de su disolución en 2027 y que se ejecute parte del aval del Estado en la deuda sénior emitida por la compañía y cuyos tenedores son las entidades cedentes de los activos".

El agujero de la Sareb a la deuda pública

En todo caso, el agujero del llamado 'banco malo' ya está incorporado en las cuentas de la Administración Central, al empezar a computar como deuda pública tras una decisión de Eurostat que estableció que Sareb debía reclasificarse dentro del perímetro de cuentas del sector público, aumentando el nivel de deuda consolidada de las Administraciones Públicas en 34.145 millones de euros (3,05% del PIB).

El Gobierno en su memoria apunta a que esta reclasificación implica que los ingresos por ventas de activos impacten positivamente con carácter general en el saldo de la cuenta de capital del sector institucional, y que la progresiva amortización de deuda sénior por parte de la Sareb propicie una minoración de la cuantía de deuda pública.

Por ello, considera que la reforma, "de manera indirecta, impactará positivamente en los saldos de las cuentas nacionales del sector institucional de las Administraciones Públicas, al reforzarse la defensa de los intereses del contribuyente en las decisiones corporativas tras la toma de control por parte del FROB".