El dueño de Alu Ibérica, Víctor Rubén Domenech, dice que también cuenta con inversores listos para ayudarle a devolver la actividad a unas fábricas que dejaron de tenerla el pasado verano. Esto es parte de lo ha vertido en un escrito que ha enviado al Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Oviedo, el que vigila el concurso de acreedores puesto en marcha el pasado 13 de diciembre para la planta de Avilés, un proceso idéntico al que sigue la fábrica gemela de A Coruña. El presidente de Grupo Riesgo señala a este respecto que el acuerdo con estos inversores -no dice cuáles- está cercano. 

Domenech -investigado en la causa penal por supuesto fraude en la venta de Alcoa- también asegura en ese mismo escrito que su disposición para que vuelva a la normalidad la actividad fabril en las antiguas instalaciones de Alcoa de A Coruña y Avilés es tal que se compromete a dar trabajo a 125 personas en cada planta (la mitad de la plantilla actual, que está en ERTE). Y que se compromete de tal modo porque quiere evitar que ahonde más la situación social actual. 

Los administradores concursales en Asturias ya comunicaron a la representación de los trabajadores que planean un despido masivo para evitar que la deuda de la compañía se incremente todavía más dado que no existe ninguna actividad productiva ni comercial. Mientras, en A Coruña el plan es agotar los plazos del ERTE hasta el 10 de mayo con la esperanza de propiciar una venta que evite el ERE de extinción. Para ello, Gobierno, Xunta y administración concursal buscan posibles inversores.

Domenech, sospechoso de fraude, ofrece trabajo al 50% de la plantilla

Domenech quiere personarse en el desarrollo del concurso de acreedores y por eso ha enviado al Juzgado de lo Mercantil un escrito en el que, como ya hiciera cuando le tocó dirigirse a la jueza instructora de la causa penal abierta en la Audiencia Nacional a costa de la presunta descapitalización fraudulenta de las plantas, invoca un estudio de una auditoría que el propio Domenech había contratado esta pasada primavera, un informe en el que se dice que su empresa contaba con dinero en las cuentas. En otro informe -esta vez de FTI Consulting- se señalaban también dos posibilidades para salvar las fábricas: despedir al 84% de su plantilla o despedir solo al 66%.  

Por otra parte, la representación legal de los sindicatos en la causa penal abierta en la Audiencia Nacional ha solicitado el cese de Ramón Juega como administrador judicial toda vez las fábricas están actualmente en manos de sendos administradores concursales. Consideran que el trabajo de Juega ha terminado y él mismo tendría que haberse retirado de la primera fila dado que sus emolumentos son créditos privilegiados, es decir, deben ser abonados por la empresa los primeros y dado que los trabajadores tienen sobre sí mismos la amenaza de sus despidos.