Un total de 2.418 empleados de Telefónica han pedido acogerse al Plan de Suspensión Individual (PSI) de empleo, cuyo plazo de adhesión ha concluido, una cifra que está por debajo de los 2.700 pactados entre empresa y sindicatos como tope, según informaron a Efe fuentes sindicales.

De estas solicitudes, 1.555 provienen de las áreas denominadas no críticas, 650 de las críticas, y el resto, mandos, según las fuentes. Del total de las solicitudes, un 80% se corresponden con los nacidos en 1967, y el resto con anterioridad.

Telefónica calculaba, según informó en diciembre a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que los cerca de 2.700 empleados que se acogerían al PSI le supondría un coste en torno a 1.500 millones de euros antes de impuestos, cifra que se contabilizaría en el cuarto trimestre de 2021.

Los ahorros anuales promedio de gastos directos que estimó entonces se situarían por encima de los 230 millones a partir de 2023. Por entonces, y a falta de conocer más detalles, la compañía informó de que preveía que la salida de empleados se produjera durante este primer trimestre de 2022.