“Soy mayor, no idiota”. Con este elocuente lema, la recogida de firmas de un jubilado de Valencia se ha hecho viral y ha devuelto al primer plano mediático la polémica digitalización del sector financiero, que a su juicio se ha convertido en una forma de maltrato hacia la tercera edad. La repercusión de la campaña ha sido tal que la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, se ha sentado esta semana con la patronal bancaria para darle un tirón de orejas y un mes de plazo para poner sobre la mesa medidas que garanticen el servicio a los mayores. Detrás de la denunciada desatención a estos usuarios está el cierre masivo de oficinas en los últimos años y la reducción de la atención presencial en las que quedan. El Informe de Coyuntura Económica que la Diputación de A Coruña presentó esta semana recoge datos que dejan clara esta merma: los bancos cerraron exactamente la mitad de sus sucursales en la comarca de A Coruña entre 2010 y 2020, al pasar de 372 a 186.

Los clientes que no se manejan con la banca electrónica, ni apenas con los cajeros automáticos, lo tienen cada vez más complicado para que un empleado los atienda en trámites sencillos como retirar efectivo, realizar una transferencia o pagar un recibo. “Ahora casi todo es por internet… y no todos nos entendemos con las máquinas”, denuncia Carlos San Juan, de 78 años, en su ya famoso manifiesto para reclamar “un trato más humano en las sucursales bancarias”.

Cuantas menos oficinas de atención quedan abiertas, hay menos personal, también menos cajeros y menos servicios presenciales. A nivel comarcal, “todas las zonas vieron reducir el número de oficinas entre 2010 y 2020 —señala el informe de coyuntura económica—, y si bien el descenso en Santiago 68 oficinas (48) y Ferrol 51 (37) es proporcional a su peso en la provincia, la caída en la comarca de A Coruña resulta más elevada, con 186 oficinas menos que en 2010, lo que supone el 43 % del total”. Esta situación acentúa la desprotección de los usuarios de más edad de la zona.

En Galicia el número de sucursales bancarias se redujo un 48% en la pasada década (2010-2020), de 2.373 a 1.232. En términos relativos, la provincia con más impacto ha sido Ourense, que perdió el 53% (pasó de 354 a solo 167 oficinas). En Pontevedra cerraron el 52% (de 763 a 367); en A Coruña, el 46% (de 937 a 502); y en Lugo, el 38% (de 319 a 196). Con todo, A Coruña concentra el 41% de todas las oficinas de la comunidad.