Todas las empresas de más de 50 trabajadores en España tienen la obligación a partir del 7 de marzo de tener un plan de igualdad y haberlo registrado formalmente ante la autoridad laboral. Las normativas laborales en materia de paridad de género aprobadas en 2019 entran plenamente en vigor este año, cada vez involucran a un número mayor de compañías, pero una gran mayoría de las mismas no las cumplen íntegramente. Solo una de cada tres empresas españolas tiene actualmente registrado un plan de igualdad en el REGCON del Ministerio de Trabajo, según los propios datos facilitados por el Ministerio a preguntas de El Periódico.

La entrada en vigor de las normativas laborales en materia de paridad aprobadas por la ministra Magdalena Valerio y desplegadas por Yolanda Díaz ha ido por fases. Inicialmente toda empresa de más de 250 trabajadores debía tener uno. En este se agrupan todas las medidas enfocadas a reducir las discriminaciones por razón de género y actualmente también obligan a realizar una auditoría salarial de las diferentes categorías –para analizar qué brecha hay en cada una de las remuneraciones de hombres y mujeres- y un diagnóstico de los puestos de trabajo. Tras la normativa, además de tenerlo, debían registrarlo formalmente para que Trabajo se cerciorara que este cumplía unos mínimos requisitos y que las compañías cumplían la normativa. El problema es que la gran mayoría no la cumple

En España hay un total de 29.994 empresas inscritas en la Seguridad Social con más de 50 trabajadores en plantilla, según los datos de enero. De estas, casi la mitad, un total de 16.056, tienen entre 50 y 100 trabajadores. El resto tiene más de 100 trabajadores y en el Ministerio de Trabajo solo tiene constancia de 4.673 planes de igualdad inscritos. Es decir, de las que a día de hoy tienen obligación, solo una de cada tres cumple. Y a falta de unas dos semanas para la nueva entrada en vigor de la norma, o bien se produce un registro masivo de planes –algo que desde los sindicatos ya avanzan que tiene escasísimos visos de suceder- o el incumplimiento será más flagrante a partir del 7 de marzo.

Resistencias empresariales

“Está costando muchísimo, especialmente donde no tenemos representación”, explica la responsable de mujeres de UGT de Cataluña, Eva Gajardo. Entre las grandes empresas el plan de igualdad es una práctica extendida y hace años que asumida. No obstante, la última fase de la ley involucra de lleno a las pymes. Y ahí es donde se localizan mayores resistencias, dada la falta muchas veces de organización de los trabajadores y el escaso músculo administrativo. Los reglamentos de igualdad ya nacieron tocados debido a que la CEOE se opuso a los mismos e incluso llevo parte de la norma al Tribunal Supremo. Los patronos rechazan de pleno que en caso de que en una empresa no exista comité de empresa ni secciones sindicales, la dirección de la misma tenga que solicitar a los sindicatos más representativos del sector que envíen a una delegación a negociar el plan de igualdad. 

“Creemos en los planes de igualdad y estos tienen una incidencia positiva en las empresas, pero el sistema no es idóneo. En muchos casos los sindicatos no han podido dar respuesta”, afirma la responsable de relaciones laborales de Pimec, Ariadna Guixé. “Algunas empresas creen realmente en el valor de un plan de igualdad, otras simplemente te citan a un día y una hora sin más”, replica Gajardo, de UGT. El temor entre las centrales es que acabe pasando con los planes de igualdad como con los planes de prevención de riesgos. Es decir, que en vez de que cada empresa haga un diagnóstico real y ajustado de las discriminaciones de género que hay entre su plantilla y trate de corregirlo, elabore un plan estandarizado para superar el trámite burocrático. En el caso de los planes de prevención, solo una de cada cuatro empresas tiene un plan específico. 

Incumplir sale barato

No tener un plan de igualdad o no registrarlo representa un incumplimiento de la normativa laboral que puede ir de una falta leve a grave, dependiendo si la empresa obstaculiza a la Inspección de Trabajo o es reincidente y tiene consecuencias para la empresa. Siempre que la Inspección llegue a actuar. Según la memoria del 2020 de la ‘policía laboral’, sus agentes realizaron un total de 1.540 inspecciones, de las cuales el 45% terminó en requerimiento o multa. Es decir, casi la mitad de las empresas no pasan una inspección. No obstante, las penalizaciones no son de las más elevadas dentro del ordenamiento. La multa media ascendió a 1.884 euros por empresa.

La Administración también va tarde

Un plan de igualdad debe cumplir tres requisitos. Por un lado el propio plan, con el diagnóstico general de la empresa. El segundo es la auditoría salarial, que es un estudio de la media de lo que cobran hombres y mujeres en cada una de las categorías profesionales. Si la brecha es superior al 25% y dicha diferencia no está justificada la empresa incurre en una falta grave sancionable con entre 626 y 6.250 euros. Y la tercera pata es la valoración de los puestos de trabajo, que está directamente ligado con la auditoría y que permite evaluar las discriminaciones de género no solamente vía sueldo. 

Si bien para facilitar las auditorías salariales el Gobierno presentó el pasado abril una herramienta pública -pensada especialmente para las pymes-, todavía no ha presentado la misma para valorar los puestos de trabajo. Esta ha sido negociada con los sindicatos y está ultimada, pero formalmente no se ha abierto ni presentado a las empresas y habilitado su uso.