La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social clausuró ayer la constitución del Consejo Estatal para el Fomento de la Economía Social, que no se reunía desde 2010, un evento en el que destacó el papel de este tipo de actividades y entidades sin ánimo de lucro, sobre todo cooperativas pensadas para el bienestar de sus trabajadores, que generan un 10% del PIB ya. Detrás están más de 42.000 empresas en toda España y dos millones de trabajadores y trabajadoras. “Es una economía especialmente humana”, destacó Yolanda Díaz, con un reconocimiento expreso a su “ejemplaridad en la pandemia”.

“En todas las crisis, la economía social, lejos de despedir a los trabajadores, los concita y los mantiene de forma especial”, recordó la ministra de Trabajo, que ayer mismo contactó con el alcalde de Santiago, Xosé Bugallo, y el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para anunciarles que la capitalidad española de la Economía Social “se va a residenciar este año en Santiago”.

“Creo que es muy importante. Los trabajos que hemos hecho este pasado año, tanto en Teruel como anticipadamente en Toledo, han sido de enorme trascendencia. Quiero dar las gracias a la economía social, a todas sus empresas, a los trabajadores”, insistió Díaz, que vinculó el impacto de esta capitalidad —“recibida con gran entusiasmo”, dijo— con la celebración del Xacobeo.

El Consejo Estatal para el Fomento de la Economía Social, un órgano asesor relevante para un tejido productivo que genera más de 2,3 millones de puestos de trabajo, no se reunía desde 2010. Las primeras reuniones comenzaron en 2008, año de su creación. El Consejo tiene como objetivo asesorar y servir de órgano consultivo del Gobierno en este ámbito, instaurando, tras una década de letargo, una dinámica de diálogo estructurada y colaborativa entre las diferentes administraciones vinculadas a la Economía Social. El Consejo asesorará asimismo al Gobierno en la elaboración de las futuras medidas a adoptar como la nueva Estrategia Española de la Economía Social, las modificaciones legislativas referidas a las cooperativas y empresas de inserción o el impulso a la capitalidad de la Economía Social.