Alu Ibérica entra en fase terminal. A finales de la pasada semana, el administrador de la empresa pidió un ERE de extinción para los cerca de 300 empleados de la fábrica de A Coruña. Ayer, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de la ciudad acordó la apertura de la fase de liquidación de Alu Ibérica LC y declaró disuelta la sociedad. De esta forma, cesan en su función sus administradores, que son sustituidos por la administración concursal.
En una sentencia con fecha del 21 de febrero, de la que informó ayer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la jueza señala que la situación del concursado durante esta fase será “la de suspensión del ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio”.
La empresa se encuentra en concurso voluntario de acreedores desde el pasado mes de diciembre, tras acreditar ante el juzgado su estado de insolvencia.
La magistrada indica en el auto que consta “el informe de cese de actividad por la administración concursal y la falta de objeciones del deudor”, por lo que considera que concurren los requisitos previstos para acordar la apertura de la fase de liquidación de la compañía.
El juzgado requiere a la administración concursal que presente en un plazo de quince días “un plan para la realización de los bienes y derechos integrados en la masa activa del concursado”. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación.
La empresa encara así su liquidación sin que, de momento, se conozca la existencia de un comprador para los activos
La parte de los trabajadores también encara unos días complicados. A finales de la semana pasada, el administrador concursal trasladó al comité de empresa que iniciaba los trámites para despedir a toda la plantilla. Esta semana se prevé que se constituya la mesa de negociación del ERE para los cerca de 300 trabajadores de la planta coruñesa.
Comisión del ERE
El pasado viernes, el administrador pidió al comité de empresa que en un plazo de siete días constituya una comisión que represente a los empleados en el proceso para poner fin a sus contratos.
Por su parte, la conselleira de Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, aseguró que la Xunta, como autoridad laboral, no tiene “mucho más que decir” sobre el Expediente de Regulación de Empleo que se aplicará a los trabajadores de Alu Ibérica al ser un asunto judicializado.
“Tenemos que ser cautelosos. Trabajamos como autoridad laboral siempre y cuando se está desarrollando el expediente, pero cuando los procesos están judicializados, desde la comunidad autónoma no tenemos mucho más que decir”, explicó.
No obstante, añadió que desde la Consellería de Empleo están “a disposición” de los trabajadores. “Velamos por que las negociaciones se hagan de buena fe”, apuntó la conselleira. También intentan, agregó, “apoyar la búsqueda de compradores” cuando las empresas pueden llegar a procesos de adquisición, “como es el caso”.
El negro futuro para la factoría de Alu Ibérica en A Coruña es muy similar a la de Avilés, cuyo administrador concursal comunicó a la plantilla el 30 de diciembre su voluntad de llevar a cabo una regulación de empleo que concluya con la extinción de todos los contratos.
