El comité de empresa de Alu Ibérica en A Coruña califica como un “chantaje” la última propuesta realizada por Alcoa. Pero de todos modos, estudiará esta oferta en la que Alcoa busca un “acuerdo global” para acabar con los procedimientos judiciales vinculados a la planta gallega y a la de Avilés. Así lo indicó el presidente del comité, Juan Carlos Corbacho, durante la protesta celebrada ayer por los trabajadores de Alu Ibérica en A Coruña. Según matiza, se trata de una propuesta y no de un acuerdo: “Lamentamos la prepotencia de la multinacional, que hace lo que le da la gana porque el Gobierno se lo permite”.

El comité apunta hacia la compañía como “la gran culpable, dado que ellos licitaron a quienes entraron en la planta”. Critica que “tendríamos que tener una planta moderna y se despreocuparon”. Y recalca que los trabajadores no van a “blanquear cualquier delito que haya podido acometer la multinacional sin más, ella debería asumir todas las consecuencias”.

Justo cuando Alcoa hacía pública esta propuesta para acabar con los procedimientos legales de sus antiguas plantas gallega y asturiana, los operarios salían a la calle en A Coruña para “una vez más pedir una solución para la fábrica y la intervención por parte de la SEPI”. Sobre la propuesta de la multinacional, la compañía espera que “permita una solución rápida y razonable” para todas las partes involucradas. En concreto, esa oferta se muestra condicionada a que se alcance un acuerdo global que sea aceptado por todos los interesados. Para lograrlo, Alcoa y las dos administraciones concursales de Alu Ibérica Avilés y Alu Ibérica A Coruña llevan semanas negociando el acuerdo de despido masivo que deberá ser aprobado por el personal de ambas fábricas.

“Un acuerdo global beneficiaría a todas las partes y, en el caso de Alcoa, permitiría centrar sus esfuerzos en su negocio actual en España”, indica la aluminera.

Las plantas se vendieron a Parter en 2019, en un proceso avalado por el Gobierno español y respaldado por los representantes de las plantillas.“Alcoa siempre actuó con total transparencia y de conformidad con la legislación española en el proceso de venta. Sin embargo, las acciones de los posteriores propietarios han tenido un impacto negativo en los exempleados que permanecen en las plantas, lo que ha resultado en varios procedimientos judiciales”, han asegurado desde Alcoa.

En cualquier caso, esta empresa pretende seguir adoptando todas las medidas legales que procedan contra los compradores de las plantas, ya que sus actuaciones crearon la “situación perjudicial” que afrontan Alcoa y sus exempleados. Si no hay acuerdo, la compañía confía en que prospere su recurso ante el Tribunal Supremo.

Alcoa llegó a un acuerdo con sus trabajadores el 29 de diciembre de 2021 para promover la viabilidad de la planta de aluminio de San Cibrao. La intención actual de la compañía es centrar todos sus esfuerzos en España en el futuro de estas instalaciones.