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La Opinión de A Coruña

Alicante

Un juez abronca al Ayuntamiento de Benidorm por la gestión de su personal: "Son conductas de hace más de medio siglo"

El Consistorio suma otra sentencia a las más de 20 que le obligan a indemnizar a funcionarios por ejercer labores de superior categoría - El fallo reprocha a la Administración que obligue a los trabajadores a judicializar sus peticiones, generando gastos a las arcas públicas

Edificio principal del Ayuntamiento de Benidorm, en una imagen aérea.

El Ayuntamiento de Benidorm ha recibido vía judicial una reprimenda por su forma de gestionar los Recursos Humanos que sacarían los colores a cualquiera y que viene a poner negro sobre blanco lo que trabajadores públicos y sindicatos vienen denunciando desde hace años: la dejadez y el incumplimiento sistemático de sus obligaciones en materia laboral y salarial con respecto a algunos de sus funcionarios.

La bronca viene recogida de manera expresa en la última sentencia que un trabajador municipal ha ganado al Consistorio, tras una demanda que el propio magistrado tilda como "una de las demandas más enigmáticas de todas las que ha recibido este Juzgado" por la forma de proceder de la Administración.

El fallo, dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante el pasado 7 de marzo y contra el que no cabe recurso, obliga a las arcas municipales a abonar cerca de 11.000 euros, más costas e intereses, a este trabajador por llevar años realizando funciones de superior categoría sin percibir la remuneración correspondiente.

Concretamente, desde agosto de 2010, cuando el afectado, que tiene plaza de técnico auxiliar de biblioteca, comenzó a trabajar como administrativo adscrito al departamento de vía pública y movilidad. El juez, no obstante, rebaja el periodo a indemnizar y solo reconoce como fecha de inicio el 4 de febrero de 2015, puesto que los años anteriores ya habrían prescrito.

Un reguero de sentencias en contra

Con ésta son ya, al menos, 24 las sentencias judiciales que se han pronunciado en contra del Ayuntamiento benidormense por los mismos motivos en los últimos años. Así lo han trasladado fuentes del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB), mayoritario en la junta de personal municipal y en el que están afiliados la mayoría de trabajadores a los que la Justicia ha acabado reconociendo su derecho a percibir retribuciones extra.

Funcionarios del Ayuntamiento de Benidorm, fichando con el sistema de huella. David Revenga

Y, tras esta larga lista de casos en contra, uno de los magistrados ha puesto el dedo en la llaga de la Administración: "Debemos señalar que si hubiera cumplido con la obligación que le impone el artículo 21 de la Ley PACA 39/2015, es decir la OBLIGACIÓN DE RESOLVER de manera EXPRESA cualquier solicitud que se le presente (máxime una solicitud que proviene de su propio personal) tendríamos un acto administrativo, que de haber sido positivo, hubiera evitado el pleito", recoge textualmente el fallo.

Tras este primer párrafo, el reproche continúa: "Hubiéramos podido conocer la postura de la Administración demandada, y todo ello sin coste económico para ninguna de las partes, y en especial para las arcas municipales, como luego se precisará en materia de costas".

"Uso distorsionado del silencio"

"Acudir al silencio administrativo supone que un Ayuntamiento del tamaño de Benidorm no se ha molestado al en hacer absolutamente nada, tratándose de una petición de su propio personal", mantiene el magistrado, que seguidamente alerta: "Ya no es de recibo seguir funcionando así. Estas conductas, si bien eran perfectamente normales en la Administración de hace más de medio siglo para la cual se dictó la ya derogada Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, ya no son admisibles para unas Administraciones, las del siglo XXI, que están al servicio de los ciudadanos, y no al revés".

La bronca va todavía más allá cuando el juez apunta que el hecho de que "una Administración resuelva por silencio (es decir, no resuelva) es algo frustrante para el solicitante. Y doblemente frustrante para quien, además, es personal de la propia Administración y esta sometido a la consabida relación de sujeción especial, que en este caso parece funcionar en un sólo sentido", tras lo cual recoge que "todo ello implica que el Ayuntamiento de Benidorm está obligando al solicitante a judicializar un silencio que, como es sabido, no es más que una ficción jurídica para que el recurrente pueda acudir ante un tribunal".

"Estamos ante un uso absolutamente distorsionante del silencio administrativo, impropio de una Administración moderna, que parece haberse quedado anclada en usos propios de décadas que considerábamos superadas", concluye el fallo, tras lo cual relata, de manera textual, cómo "en el caso que nos ocupa y sólo cuando la parte actora, ante el silencio de la Administración, que tras más de 8 meses desde la primera solicitud nada había resuelto, interpone su demanda y la misma es contestada por la Administración (TRES AÑOS DESPUÉS de la primera solicitud) es cuando por fin al recurrente (y todos) hemos podido conocer las razones de la Administración. Pero esto mismo pudo (y debió) haberlo hecho el Ayuntamiento de Benidorm en su momento". Tres años después.

Tras todo lo mencionado anteriormente, la sentencia hace alusión a la defensa llevada a cabo por el Consistorio y reconoce que "cuesta muchísimo saber la estrategia procesal seguida por la Administración demandada". En cualquier caso, el juez afirma que "queda acreditado el ejercicio de funciones de superior categoría por parte del recurrente" por medio de distintas pruebas, por lo que condena al Ayuntamiento a que abone el dinero que dejó de percibir y le condena, además, al pago de intereses y a las costas.

El SPPLB pide amparo al alcalde

Desde el sindicato SPPLB han destacado que "ya era hora que los tribunales colocasen el punto de mira en esta dejadez de la Administración" y se han "congratulado de lo manifestado por el Juez en esta misma sentencia, pues parece un fiel reflejo de todos los escritos presentados por esta central sindical, donde hemos perdido el aliento, denunciando la indignación y hartazgo suscitada porque nos obligan de forma sistemática a acudir a los juzgados".

Por este motivo, su portavoz, Francisco Ángel González, ha avanzado que ante este "desamparo" en el que a su juicio se encuentran los funcionarios, el Sindicato Profesional afirma que ha pedido al alcalde, Toni Pérez, "que tome cartas en el asunto y frene de una vez por todas esta lamentable, bochornosa y vergonzosa situación, que de forma impecable y contundente relata textualmente un juez, dejando claro y patente al Ayuntamiento de Benidorm qué es lo que debería de haber hecho y qué es lo que no está haciendo".

Por último, mantienen que "ni los trabajadores de este Ayuntamiento, ni los ciudadanos de Benidorm, ni Benidorm se merecen la forma de actuar de esta administración que alardea de estar a la vanguardia de todo y luego resulta que a los trabajadores que precisamente se encargan de conseguir esos objetivos, les tratan como si estuviéramos en el siglo pasado. Alguien debe de darnos explicaciones ya”. 

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