Varias empresas gallegas, según fuentes conocedoras de las negociaciones, han mostrado su interés en entrar en el accionariado de la constructora coruñesa Arias Infraestructuras que el pasado 24 de febrero solicitó el concurso voluntario de acreedores con una deuda cercana a los 12 millones de euros. Aunque el proceso está aún en los primeros pasos —la declaración del concurso por parte del juzgado se produjo el 3 de marzo, día en el que también se designó al administrador concursal— la entrada de uno o varios socios sería la única solución para la compañía que tiene al 80% de sus empleados (unas 90 personas) con un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) desde el pasado mes de febrero.
La ampliación de capital llegaría por parte de una firma del sector, aunque no es descartable que también entre alguno de los bancos acreedores. De los 12 millones de deuda, Arias Infraestructuras debe unos 9 millones a los bancos (Abanca y Santander son los principales acreedores) y los otros 3 se adeudan a los proveedores.
Pese a que la empresa había tenido problemas en los últimos años, los acontecimientos se desencadenaron a finales del pasado enero cuando la Junta de clasificación de contratistas del Ministerio de Hacienda le revocó la clasificación de contratista. Esta cancelación supone que a partir de ese momento no puede concurrir a las licitaciones públicas ni firmar ningún tipo de contrato de las obras en curso. Fuentes del sector explican la situación como si a un taxista le quitan la licencia y ya no puede realizar su trabajo.
La Junta de clasificación de contratistas rescinde la clasificación de la constructora coruñesa porque no considera dos préstamos participativos (el de la compra de la compañía en 2018 por el actual presidente Mario Barcenilla y el vicepresidente Antonio Aranzadi y otro préstamo que otorgó Abanca) como patrimonio neto de la firma. Al no considerarlos parte del patrimonio, los fondos propios de Arias Infraestructuras se consideran que son negativos y por lo tanto no tiene capacidad económica de contratación.
Una vez conocida la revocación de Hacienda, la empresa recurrió la decisión a la Junta de clasificación y solicitó que la medida fuese cautelar hasta que se resolviese el recurso y así la constructora podía seguir funcionando. La medida cautelar no fue aceptada lo que dejó a la compañía sin poder realizar contrataciones. El plazo de resolución del recurso se estima entre nueve y doce meses. Debido a esta situación, la firma solicitó el concurso voluntario de acreedores el 24 de febrero y fue aceptado el 3 de marzo.
Arias Infraestructuras ya tenía problemas económicos desde hace varios años que se acentuaron en 2020 debido a la pandemia y que llevaron a una bajada de la contratación del 32%, según explican fuentes de la empresa.
El año pasado no fue mejor ya que a los efectos de la pandemia se unió que el encarecimiento de las materias primas impactó en las licitaciones y ejecuciones de obras que tenía en cartera y, en definitiva, en la rentabilidad de la actividad. La constructora cerró 2017 con unas pérdidas de 5,5 millones de euros, sobre todo por el impacto de la construcción de una carretera en Bolivia que supuso unas pérdidas de 13 millones.
En junio de 2018 hubo cambio de dueños y entraron Mario Barcenilla y Antonio Aranzadi. Su objetivo fue abandonar la experiencia internacional de la compañía que tan malos resultados le estaba dando y centrarse solo en Galicia —donde seguía siendo un referente— en actividades de conservación y mantenimiento. Ese año, la firma entró en beneficios (1,5 millones), al igual que en 2019 (900.000 euros). En estos dos ejercicios también se recuperaron los activos que había enajenado el anterior accionista (oficinas y nave de maquinaria) además de reducir la deuda de 9,5 a 5,5 millones. Los gastos generales también se redujeron un tercio. En 2020 se recuperó, además, la propiedad de la cantera que también había enajenado por el anterior accionista. A finales del año pasado, el objetivo de los nuevos accionistas era realizar una reestructuración organizativa y financiera de la empresa con la idea de reducir los gastos generales fijos de personal y comenzar una negociación de la refinanciación de la deuda con los bancos acreedores con el objetivo de aplazar las obligaciones financieras.
Sin embargo, los efectos económicos de la pandemia y el encarecimiento de las materias primas han evitado que este plan se haya podido llevar a cabo.
Los trabajadores reclaman que se les informe sobre los planes de futuro de la empresa
El administrador concursal de Arias Infraestructuras, Eduardo Debén, se reunió ayer con el comité de empresa y les explicó cuál era la situación después de que la constructora solicitase el concurso voluntario de acreedores a finales del pasado mes de febrero. Al centenar de trabajadores —el 80% está en ERTE— se les debe la nómina de febrero y tan pronto como haya dinero en caja se le hará el abono de sus salarios, les han asegurado. Los representantes de los trabajadores se quejan de que desconocen el futuro de la compañía y solicitan a la dirección que les informe de los pasos que se van a seguir. También se quejan de que los interlocutores que tienen con la dirección de la firma “no tienen poder de decisión” y que en este tiempo no se han reunido ni con el presidente Mario Barcenilla y ni con el vicepresidente Antonio Aranzadi. Los trabajadores reconocen que en estos momentos están terminando “las cuatro obras que nos quedan” y que están a la espera de que les informen sobre su futuro. También aseguran que están pagando de su bolsillo gastos como la gasolina o las comidas que deberían hacerse cargo la empresa, aunque en la situación de concurso de acreedores en la que se encuentra le resulta complicado hacer frente a los pagos, por muy pequeños que sean.
