El colectivo de inspectores de Hacienda propone la creación de, al menos, tres nuevas figuras delictivas para dotar de mayor eficacia la lucha contra el fraude fiscal. Así, se plantea tipificar como delito el ofrecimiento por parte de asesores de servicios e instrumentos idóneos para la comisión de delitos fiscales, como la conexión con paraísos fiscales. Según la asociación Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) algunos despachos profesionales abusan de esta figura, “ofreciendo a sus clientes estructuras y entramados tendentes a la elusión y evasión fiscal”. 

En segundo lugar, los inspectores también plantean tipificar como delito la comercialización de productos diseñados con técnicas de ingeniería financiera e idóneos para el fraude por despachos o entidades financieras. 

Como tercera nueva figura, se propone tipificar la tenencia injustificada de bienes o derechos, “con el fin de poder castigar la riqueza injustificada sin connotaciones tributarias”, tal como plantea la OCDE.

Ambas medidas forman parte del listado de 123 “Propuestas contra el fraude fiscal y de reforma de las administraciones tributarias” que la asociación profesional IHE ha presentado este miércoles. “Vemos con preocupación el nivel de economía sumergida y de fraude fiscal por encima de la media que existe en España y que se sitúa en el entorno del 20% del PIB”, ha afirmado el presidente de IHE, Ransés Pérez Boga. 

Entre la batería de propuestas, IHE retoma la del pago a confidentes para denuncia de delitos, o la posibilidad de actuar de incógnito, sin conocimiento del obligado tributario. También se propone rebajar de 600.000 a 300.000 euros la deuda tributaria pendiente de pago a partir de la cual un contribuyente formará parte de la lista pública de morosos. Y en relación a la posibilidad de eludir el ingreso en prisión por delito fiscal si la pena no llega a dos años, los inspectores proponen que esto esto sea posible si previamente se ha satisfecho la deuda tributaria pendiente.

Modificar la regulación de la residencia fiscal en IRPF (con un criterio en torno a los 60 días frente a los 183 actuales), la eliminación del régimen de módulos en el IRPF o el gravamen de los cigarrillos electrónicos son otras de las propuestas que figuran en el listado. También, la ampliación de la lista de paraísos fiscales o la llamada “muerte fiscal”, que consiste en cerrar el acceso al registro de la propiedad y al mercantil a determinado perfil de grandes defraudadores; estas personas también tendría vetado el derecho a realizar abonos o cargos bancarios.