El Gobierno ha salido al rescate de la gran industria en su momento más difícil. El macrodecreto de medidas contra el impacto económico de la guerra en Ucrania incluye ayudas adicionales por importe 488 millones de euros para contener el golpe de la escalada de precios energéticos, que tradicionalmente suponen para las compañías industriales españolas un lastre para la rentabilidad y para su capacidad de competir con rivales europeos.
Grandes grupos industriales con un consumo intensivo de electricidad —para algunos la factura eléctrica representa el 50 o el 60% del total de sus costes de producción— aplauden las ayudas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en pleno caos de precios, pero se empiezan a movilizar ya para conseguir que las medidas no sean temporales y que se mantengan de manera permanente después de la crisis. El Ejecutivo ha aplicado una rebaja temporal del 80% de los peajes que pagan unas 600 empresas electrointensivas en su factura eléctrica, con un coste de 225 millones que sufragará el Ministerio para la Transición Ecológica con un crédito extraordinario que inyectará a las cuentas del sistema eléctrico.
Solo hasta final de año
Pero el descuento extraordinario solo se aplicará hasta final de año y la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE) ya ha trasladado al Gobierno su petición de que el recorte se mantenga de manera permanente en los próximos años, igualando así la rebaja de la que disfrutan de manera estructural los grupos industriales de Francia y Alemania, según confirman desde la asociación.
La rebaja temporal del 80% de los peajes que se incluyen en la factura (con los que se pagan las inversiones en redes eléctricas de distribución y de transporte) se suma a la bonificación, esta sí permanente, del 85% de los cargos del recibo (con los que se financian la retribución a las renovables reguladas, la deuda del sistema y los sobrecostes de los territorios extrapeninsulares) que perciben todos los consumidores electrointensivos.
El Ministerio de Industria también ha elevado hasta 244 millones de euros las compensaciones a la gran industria de los costes de emisiones indirectas de CO2 para este año, 65 millones más de lo marcado inicialmente. AEGE, que agrupa a una treintena de grandes grupos industriales, había venido reclamando al Gobierno que disparara esta partida hasta los 450 millones de euros en 2022.
No obstante, la Comisión Europea ha emitido una aclaración de cómo deben calcularse estas compensaciones y esos 244 millones de euros es el máximo que permite este año la normativa comunitaria. Las estimaciones de la patronal de los electrointensivos apuntan a que el nuevo cálculo estipulado por Bruselas anticipa que el importe de esas compensaciones debería superar los 400 millones de euros en 2023, lo que supondría que llegaría a ser prácticamente el doble que el montante fijado para este ejercicio.
Entre las medidas del decreto del Gobierno también se incluye un programa de ayudas directas por 125 millones de euros para unas 1.600 empresas industriales que son consumidoras intensivas de gas natural.
Desde la asociación empresarial GasIndustrial se apunta que las ayudas son insuficientes y discriminatorias para muchas empresas por los criterios establecidos para el reparto, y se traslada la queja de que el Gobierno no ha agotado todas las herramientas disponibles para los estados miembros UE encaminadas a paliar el impacto de la subida desorbitada del precio del gas natural.
