La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cree que el descuento de 20 céntimos por litro de combustible, en vigor desde el pasado 1 de abril, "está funcionando con total normalidad" gracias al esfuerzo "muy importante" de la Administración y los operadores privados.
En una entrevista con Efe, Ribera ha destacado el trabajo "inmenso" del Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria a la hora de poner en marcha este mecanismo y de canalizar los anticipos de los descuentos a los titulares de las estaciones de servicio, y recuerda que, mientras Francia "aprobó una medida parecida que tardó más de un mes en poder aplicar, aquí ha sido casi de manera inmediata".
La vicepresidenta tercera del Gobierno se ha referido a los problemas que, durante el fin de semana, obligaron a cerrar a unas 200 gasolineras que no sabían cómo aplicar esta rebaja a nivel fiscal y contable, o a las que el sistema no reconocía como beneficiarias de los anticipos.
"Hay que verlo en detalle, porque puede que sean estaciones nuevas y que, por tanto, no exista una base de sus datos de consumo del año pasado en la Agencia Tributaria", ha explicado la ministra, que ha admitido que "puede haber también un desfase entre los datos de las pequeñas estaciones, porque, a veces, cuanto más pequeña es, más difícil es el seguimiento puntual de la información".
Aun así, Ribera se ha mostrado optimista porque la "buena noticia, la más importante, es que está funcionando con total normalidad gracias al esfuerzo muy importante de la Administración, pero también de los operadores privados, y en muy poco tiempo".
Con todo, ha expresado su "disponibilidad y colaboración" para resolver "lo que se necesite", y es que las gasolineras "no deben sentirse perjudicadas por algo que está pensado para acompañar a la gente, a los consumidores. No pueden ser ellas las que sufran por no tener cómo gestionarlo".
Un funcionamiento "perfectamente correcto"
Este miércoles, la asociación de consumidores Facua ha denunciado a más de 200 estaciones de servicio ante el Ministerio de Consumo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por subir sus precios 5 céntimos o más en la mañana del 1 de abril.
Al respecto, la ministra para la Transición Ecológica se ha mostrado tajante: "La CNMC vigilará lo que puede haber ocurrido. Lo que sí podemos decir a fecha de hoy es que puede haber ocurrido algún caso puntual, no quiero decir tres, a lo mejor son 300 o 500 -de las 11.000 que hay-, pero no ha sido un comportamiento generalizado".
Y ha añadido: "En líneas generales, creemos que ha habido un funcionamiento perfectamente correcto".
No obstante, Ribera se ha remitido al contexto actual, marcado por la invasión de Ucrania y una "crisis de precios de combustibles y materias primas energéticas importantísimas, que afecta al crudo y el diésel".
De hecho, "algunos Estados miembros de la Unión Europea están teniendo dificultades en el aprovisionamiento de diésel", ha señalado la ministra, que no ha descartado que parte del incremento de los precios de la gasolina experimentado en los últimos días, especialmente por operadores independientes, esté vinculada a estas tensiones.
"Sigue habiendo un comportamiento alcista del combustible, en particular del diésel, en mercados internacionales. No sabemos si esos ejemplos de incremento de precio tienen que ver con una distorsión que deba ser vigilada o sancionada, o se debe a que su proveedor los ha elevado por las alteraciones que estamos viviendo en estas semanas", ha concluido Ribera.
Lamenta que se intente "hacer descarrilar" la propuesta para bajar la luz
Por otro lado, Ribera ha lamentado que algunas empresas eléctricas no hayan reaccionado "de forma acorde con la realidad social", y les ha acusado de intentar "hacer descarrilar" la propuesta de España y Portugal para desacoplar el precio del gas del de la luz y bajar su precio.
La ministra ha dicho que hay algunos que consideran que con el mecanismo que España y Portugal han presentado a la Comisión Europea (CE), que propone limitar a 30 euros el precio del gas destinado a producción eléctrica en los mercados mayoristas de esos países, "pierden unos ingresos fantásticos y están ya intentando hacer descarrilar esta propuesta, y lo lamentamos".
"Cuánto más margen de beneficio obtienen a los precios actuales, más protestan", ha subrayado la vicepresidenta, que se ha mostrado "decepcionada" con esas compañías, que tenían margen para haber sido más razonables".
Ha destacado que esas compañías "no hubieran podido nunca jamás alegar que esperaban unos retornos, unos beneficios, unos precios como los que estamos viendo en estas semanas", y ha recalcado que el interés del Gobierno "debe estar en defender el interés de los consumidores, no el interés de las grandes empresas".
Ha recordado que "la transformación del sistema energético pasa por un incremento muy notable de la electrificación", con lo que el negocio de esas empresas "va a seguir creciendo y están en condiciones de poder reducir un poco sus beneficios para poder garantizar que sus clientes puedan disfrutar de las grandes ventajas de un alto nivel de penetración de energías renovables".
"Es una pena que en lugar de eso, lo que estén haciendo sea cuestionar la oportunidad de facilitar el respaldo de los consumidores a través de modificaciones temporales, proporcionadas a la situación de emergencia que estamos viviendo en el mercado eléctrico", ha añadido.
Ha subrayado que los "costes relativos" de esas empresas eléctricas "no se han visto incrementados, salvo los asociados al gas", que "no se va a dejar de pagar", ya que la diferencia con el coste que hubiera tenido de no existir un tope, que en el caso de la propuesta de España y Portugal es de 30 euros/megavatio hora (MWh), se prorrateará entre el resto de tecnologías, ha explicado.
Una reducción del 50% en la factura
Respecto al efecto que tendría la medida, ha dicho que si la línea de corte para el gas destinado a generación eléctrica son esos 30 euros/MWh, probablemente se vea una reducción de aproximadamente el 50 % del importe de las facturas que pagan hoy los consumidores con una tarifa indexada al mercado.
