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La Opinión de A Coruña

Los trabajadores de Alu Ibérica renuncian a denunciar a Alcoa a cambio de 75 millones

Todos los empleados de A Coruña y Avilés ratifican el acuerdo ESindicatos, representaciones legales de la multinacional y de las concursales pactan retirar los procedimientos judiciales

Trabajadores de Alu Ibérica, durante una protesta. | // VÍCTOR ECHAVE

Todos los trabajadores de Alu Ibérica en A Coruña (295) y en Avilés (243) se inscribieron en la plataforma dispuesta por la multinacional Alcoa para proceder a activar el acuerdo entre las dos partes según el cual la plantilla retirará las denuncias que puso contra la dirección ejecutiva de la empresa norteamericana.

A cambio, esta comenzará a pagar sus indemnizaciones, es decir, las cantidades a las que se había comprometido cuando en enero de 2019 aceptó poner a la venta las fábricas a un inversor “serio, solvente y riguroso” y, si no, a abonar a sus plantillas 60 días por año trabajado más 10.000 euros. Esta será la indemnización que recibirá el más de medio millar de empleados de las dos plantas que le costará a la compañía cerca de 75 millones de euros.

Una vez concluido el pasado lunes el periodo para que los antiguos empleados de Alcoa en A Coruña y Avilés suscribiesen los términos acordados entre Alcoa, los representantes de los trabajadores y los administradores concursales de Alu Ibérica, la multinacional trasladó que “el respaldo de los trabajadores ha sido total” y certificó que “a partir de ahora, los representantes de las plantillas, los administradores concursales y la propia Alcoa continuarán con los procedimientos necesarios para formalizar el acuerdo que en caso de cumplirse las condiciones previstas supondría el pago de las compensaciones contempladas y el desistimiento de los procedimientos judiciales abiertos”.

Alcoa planteó el pasado 3 de marzo a las plantillas coruñesa y asturiana un acuerdo que diese carpetazo a todos los procedimientos legales relacionados con la venta de sus antiguas plantas en A Coruña y Avilés y que permitiese una solución “rápida y razonable” para todas las partes involucradas. Las plantas fueron vendidas a Parter en 2019, en un proceso avalado por el Gobierno español y respaldado por los representantes de los trabajadores.

El comité coruñés firmará en breve el expediente de extinción de empleo

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Para proceder al pago de los cerca de 75 millones, Alcoa exigía un acuerdo por unanimidad del medio millar de trabajadores, que se produjo a lo largo del pasado fin de semana, con la firma definitiva de la totalidad de los empleados y, en consecuencia, la asunción de los puntos convenidos para acceder a la indemnización como eran la retirada de todas denuncias que habían puesto contra la compañía.

Que todos los extrabajadores se hayan registrado en tiempo y forma significa que el acuerdo pasa a la segunda fase: la que tienen que protagonizar las federaciones estatales de los sindicatos porque son ellas las que han promovido las dos vías judiciales que han afectado a la multinacional: la social, por un lado, y la penal, por otra.

La primera ya ha tomado forma de sentencia condenatoria (Alcoa tenía que pagar a sus extrabajadores las cantidades señaladas en enero de 2019 por haber vendido a un grupo que ni era serio, ni solvente, ni riguroso). Esta sentencia se encuentra recurrida en el Tribunal Supremo. La otra vía está en período de investigación y supone que la Audiencia Nacional, en el caso de descapitalización fraudulenta de las fábricas, ha ordenado la imputación de Álvaro Dorado, presidente de Alcoa España, y de Christine Keener, su exadministradora única. Además, según fuentes consultadas, era factible que estas dos imputaciones no se hubieran quedado solas.

El comité de empresa de Alu Ibérica de Avilés firmó el pasado 7 de abril el expediente de extinción de empleo para los más de 240 trabajadores con la esperanza de que el próximo inversor tenga carácter industrial y rescate los actuales empleos.

La plantilla asturiana se encontraba inmersa en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y, tras la firma del despido con la administración concursal, los trabajadores quedarán en el paro, previsiblemente, a partir del 1 de mayo.

En el caso de los trabajadores coruñeses, que también están en ERTE, el expediente de extinción de empleo aún no se ha firmado, algo que ocurrirá en los próximos días.

El cierre de la crisis del aluminio se demoró cerca de diez días como consecuencia de la amenaza llevada a cabo por un despacho de abogados coruñés contra los representantes de la plantilla: quería obligar a incluir a sus 16 clientes en el acuerdo propuesto por Alcoa.

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