El Gobierno plantea que las empresas paguen el transporte y el material a los becarios

El Gobierno mueve ficha para atajar el abuso de la figura del becario y que este deje de ser sinónimo de mano de obra barata y sí de formación dentro de las empresas. El Ministerio de Trabajo inició ayer las negociaciones con patronal y sindicatos para crear el Estatuto del Becario, un pliego de normas que clarifique los derechos de los estudiantes en su primera experiencia en el ámbito laboral. Las partes se emplazan ahora a definir un catálogo, del que un primer punto sería una compensación que deberían abonar las empresas en concepto de paguilla a sus becarios por gastos como el transporte o el material, según explican fuentes del diálogo social. En paralelo, desde el Ministerio de Seguridad Social ultiman las conversaciones para que los estudiantes coticen por todas sus prácticas, ya sean remuneradas como no remuneradas. Más de medio millón de estudiantes están a expensas de dichas reformas, según cálculos del Ejecutivo.

Tareas no remuneradas y que nada tienen que ver con lo estudiado, jornadas de ocho horas sin supervisión y con una paga simbólica, la obligación de apuntarse a nuevos cursos para poder renovar el convenio de prácticas y mantener así un mínimo de ingresos... las trampas y el fraude alrededor de la figura del becario supone un agujero a la Seguridad Social y un agravio para la inserción laboral de los jóvenes sobre el que, de momento, ningún Gobierno ha conseguido atajar con solvencia. Todo ello en el país con el segundo mayor paro juvenil de la Unión Europea (UE), concretamente del 29,8% entre los menores de 25 años. Y con los índices de emancipación más tardíos del Viejo Continente: los españoles se van de casa de sus padres a los 29,8 años, según datos de Eurostat.

Trabajo pretende replicar con los becarios el esquema que aplicó con la ley de trabajo a distancia y que las empresas asuman parte de los costes cotidianos. Y que hasta ahora asumían los becarios, especialmente aquellos que realizan prácticas no remuneradas y que en el caso de las curriculares no solo no cobran, sino que están obligados a pagar dinero —vía créditos universitarios o de grado— para ello. Dicha compensación es una reivindicación de los sindicatos y los empresarios lo ven como un sobrecoste.

Según datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, el fraude sobre los estudiantes en prácticas supone un tapón de más de 1.000 empleos anuales. Concretamente, desde 2018 la Inspección de Trabajo ha destapado 4.805 falsos becarios y ha impuesto sanciones y requerimientos a las empresas empleadoras por valor de 15,1 millones de euros. “En nuestro país se acabó la formación low cost. […] Estar en formación o en prácticas no quiere decir que podamos ser privados de derechos”, esta fue la declaración de intenciones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en una visita a Barcelona ayer.

Ordenar el encaje de la figura del estudiante en prácticas es un compromiso pendiente ya desde la anterior legislatura y que va con retraso respecto a los compromisos adquiridos por el actual Ejecutivo. En el primer acuerdo de pensiones, firmado en los jardines de Moncloa por Gobierno, patronal y sindicatos en julio del 2021, había un apéndice en el que las partes se conjuraban a tener aprobado en un plazo de tres meses el reglamento que obligara a cotizar a todo estudiante en prácticas.