España pone en marcha un sistema de pagos especial para sortear a los bancos rusos. El objetivo es reducir el uso del sistema financiero ruso en las transferencias de la Administración española en el exterior mediante un nuevo proceso de pagos directos. Es una de las medidas incluidas por el Gobierno en el real decreto-ley aprobado este martes a propuesta del Ministerio de Justicia con el objetivo de reforzar la efectividad de algunas sanciones económicas contra Rusia para evitar la financiación de la invasión militar de Ucrania.

El Ejecutivo lanza un procedimiento específico para realizar con fondos propios los pagos de las nóminas del personal y de otras obligaciones económicas de las representaciones españolas en el exterior, minimizando el posible uso del sistema financiero ruso y favoreciendo el cumplimiento del régimen de sanciones. Mediante el nuevo modelo de pagos directos, el Ejecutivo evita recurrir a cualquier entidad financiera rusa (también las que actualmente no están sujetas a las sanciones europeas) para reducir el riesgo de que se eluda el cumplimiento de estas sanciones.

La Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y otras potencias aliadas lanzaron en los primeros días de la guerra una batería de medidas para aislar a Rusia del sistema financiero internacional como parte del paquete de sanciones para ahogar su economía. Entre las acciones para desconectar a la banca rusa del sistema financiero global, la UE y EEUU impulsaron la expulsión de grandes entidades rusas de la plataforma internacional de pagos Swift, que facilita las transacciones entre bancos al estandarizar los traspasos y las comunicaciones. Quedaron expulsados siete bancos rusos, pero no dos de los tres mayores (Sberbank y Gazprombank), que siguen operando por ser los que canalizan los pagos por el petróleo y el gas a Rusia.

Cerco a los oligarcas

El Gobierno refuerza también su estrategia contra el patrimonio de los oligarcas rusos afectados por las sanciones internacionales tras la invasión militar de Ucrania. Las autoridades españoles llevan casi dos meses volcadas en la identificación y la incautación de viviendas, locales y otros bienes (singularmente yates) a nombre de estos empresarios rusos o de sus empresas. Ahora el objetivo es ir más allá y lanzar las medidas contra los testaferros y las empresas fantasma que ocultan las propiedades de los oligarcas y dificultan su inmovilización.

El real decreto articula un sistema excepcional para facilitar que los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles puedan inmovilizar el patrimonio de los oligarcas rusos cuando está a nombre de personas o sociedades interpuestas. Para ello, será necesario un informe previo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre la base de la “existencia de indicios racionales” de que el verdadero titular de los bienes pudiera ser un oligarca ruso objeto de investigación.

“La reforma pone de manifiesto la intención del Gobierno español de que ningún oligarca ruso financie la guerra entablada por el presidente Vladimir Putin contra Ucrania con sus propiedades presentes en España”, se apunta desde el Ministerio de Justicia. “Si ya se encuentran embargadas las propiedades registradas a sus nombres, ahora se actúa sobre aquellos bienes que pudieran a estar a nombre de terceros”.

Durante las últimas semanas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la fiscalía, registradores, notarías y bancos han estado colaborando para hacer posible la inmovilización de bienes a nombre de oligarcas afectados por las sanciones contra el entorno del Kremlin. El Gobierno quiere ahora ir más allá y quiere impulsar las investigaciones del patrimonio oculto mediante sociedades pantalla y personas interpuestas.