La futura Ley General de Telecomunicaciones que tramita el Congreso reconocerá el derecho de una persona a no recibir llamadas comerciales no deseadas, limitándolas a aquellas personas que hayan dado su consentimiento previo. Así consta en la enmienda, propuesta por Esquerra Republicana (ERC) y finalmente pactada con el PSOE y Unidas Podemos, aprobada ayer en la Comisión de Asuntos Económicos.
