El Gobierno sale en tromba para criticar las declaraciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, con las que llamó “tontos” a los clientes (unos 10 millones de hogares y pequeñas empresas) que tienen contratada la tarifa regulada de luz. Las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz y el ministro Alberto Garzón han cargado con dureza contra el directivo por sus palabras, y han reclamado a las grandes energéticas “arrimar el hombro” para ayudar a bajar los precios de la luz. Así lo recoge El Periódico de España.

"El 80% de los españoles están pagando menos precio que en el año 2018 porque han bajado los impuestos; solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el Gobierno pagan ese precio", dijo este jueves Galán, en referencia a que el precio de la tarifa regulada depende de la evolución del mercado mayorista de electricidad, que es el que lleva meses marcando máximos históricos. Los clientes con tarifas del mercado libre, unos 19 millones, cuentan con precios que no están sujetos a la volatilidad del mercado, pero que también están creciendo por las revisiones que hacen las compañías eléctricas.

"Me parece asombrosa la falta de empatía, la ligereza y el tono con el que se habla de un tema tan importante para las familias y ciudadanos y también para la economía española", criticó la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. "Debe de rectificar con carácter inmediato. Que una persona como él se mofe de las personas más necesitadas de nuestro país es una vergüenza", sentenció la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en referencia a que para acceder al bono social de la luz (los descuentos que se aplican a los consumidores vulnerables) hay que tener contratada la tarifa regulada.

En el mismo sentido, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, censuró el “exceso verbal” del presidente de Iberdrola y le exigió “respeto y empatía” con las personas que tienen contratada la tarifa regulada de luz (denominada Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC), entre las que se encuentran los hogares más vulnerables.

Campaña de Iberdrola

En plena polémica, Iberdrola ha anunciado el lanzamiento de una campaña para animar a los consumidores a pasarse de la tarifa regulada a contratos de suministro del mercado libre. En el último año 1,2 millones de clientes han dado el salto del PVPC a los contratos del mercado libre para evitar la volatilidad y el impacto de la subida del mercado mayorista, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

"Veinte millones de hogares en España han visto cómo su recibo de la luz es igual o menor que hace un año. Son los de aquellos ciudadanos que tienen tarifa libre. Sin embargo, los contratos de la tarifa regulada por el Gobierno tienen como referencia los vaivenes diarios de los mercados de la energía y resultan insoportables para los ciudadanos adscritos a esta tarifa", explican desde Iberdrola. "Ahorro, estabilidad y seguridad son las propuestas por las que apuesta la compañía, frente a los contratos sometidos a las incertidumbres y a la coyuntura de un mercado regulado e inestable", han destacado desde la eléctrica.

El Gobierno abrió el año pasado una consulta pública para reformar la tarifa regulada y evitar que esté tan expuesta a los movimientos del mercado mayorista de la electricidad. El Ministerio para la Transición Ecológica paralizó los cambios por la imposibilidad de aunar consensos entre las compañías eléctricas productas, las comercializadoras y las asociaciones de consumidores sobre cómo abordar la reforma del PVPC. Desde el Ejecutivo se defiende vincular el precio de la tarifa regulada a referencias más estables, estableciendo medias con la cotización de los mercados de la electricidad a largo plazo, por ejemplo.

El choque por el IPC

La vicepresidenta Calviño denunció esta semana el retraso en el cambio de cómo se mide el precio de la electricidad en el cálculo de la inflación y que está haciendo que el IPC refleje de manera distorsionada el alza de la luz. Y responsabilizó de la tardanza a las eléctricas por no facilitar durante meses el proceso para obtener los datos detallados necesarios para el cambio y, en concreto, señaló a “una eléctrica” que aún ahora seguía sin remitir la información al Instituto Nacional de Estadística (INE).

Calviño no quiso desvelar el nombre de la eléctrica que aún no ha remitido los datos, pero se trata de Iberdrola. La compañía eléctrica alega está todavía recabando la información adicional reclamada por el INE. “Dada la complejidad de los datos, hemos pedido una ampliación del plazo que se nos ha otorgado por escrito y esperamos que la información la tenga el INE en los próximos días”, indican desde Iberdrola. “Las empresas eléctricas llevan más de dos años planteando la desagregación del IPC teniendo en cuenta los contratos a precio fijo y no solo la tarifa regulada”.

El INE prepara un cambio total de cómo mide la evolución de los precios de la luz para calcular la inflación, con el objetivo de ajustar mejor sus datos al consumo real de los hogares españoles. El instituto estadístico lleva años midiendo el precio de la luz solo con la evolución de la tarifa regulada, que ahora representa sólo un 40% de los pequeños usuarios y que es la que mayores subidas ha reflejado en los últimos meses por depender de la cotización del mercado mayorista de la electricidad, que ha estado marcando máximos históricos. Y el cambio que se prepara es para incluir también en el cálculo de la inflación el precio de las tarifas eléctricas del mercado libre.

La intención inicial era tener lista la reforma en la medición de los precios eléctricos el pasado enero, pero el plan quedó aplazado por no conseguir que las eléctricas le enviaran los datos precisos que necesitaba para calcular el índice de precios al consumo (IPC).