La magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, rechazó esta semana que los 16 trabajadores excluidos por Alcoa del acuerdo de las indemnizaciones a cambio de la retirada de las acusaciones contra la multinacional y sus directivos no podrán ser acusación particular en la causa penal abierta a cuenta de la descapitalización fraudulenta de las fábricas de Alu Ibérica de A Coruña y Avilés. Y no podrán serlo porque la jueza considera que estos 16 trabajadores, que ahora quieren acusar, ya están representados por cualquiera de los cuatro sindicatos del antiguo comité de empresa (UGT, CC OO, USO y APC). Estos 16 trabajadores saltaron a la palestra a mediados del pasado mes de abril. El grupo está representado por un despacho de abogados coruñés que había enviado a los sindicatos varios escritos en los que, según los representantes sindicales, amenazaba con emprender un pleito contra ellos si no incluían a sus 16 clientes en el acuerdo.
