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La Opinión de A Coruña

La pandemia reduce la conflictividad laboral en Galicia a sus cifras más bajas en 20 años

La comunidad contabilizó en 2021 más de 17.000 jornadas perdidas por huelgas, frente a las 56.000 de 2019 | Entre enero y abril de este año casi se han registrado más que en todo 2021

Manifestantes de la huelga del transporte, el pasado marzo por las calles de A Coruña. | // CARLOS PARDELLAS

La pandemia ralentizó la economía hasta casi hacerla invernar. Las restricciones de movimientos, los confinamientos y un estado de alarma que duró casi 100 días redujeron la actividad económica a mínimos. La economía gallega no fue lo único que casi se detuvo. También lo hizo la conflictividad laboral hasta cifras que no se habían visto desde hacía dos décadas. Y no solo lo hizo en 2020, cuando a partir de marzo llegó el COVID, sino, y sobre todo, en 2021 cuando la situación epidemiológica y económica comenzaba a recuperarse. Pero los conflictos laborales resurgen con el arranque de este año. En el primer trimestre se han registrado casi las mismas jornadas laborales perdidas a causa de las huelgas que en todo el ejercicio anterior.

En las dos últimas décadas, 2020 fue el cuarto año en el que menos jornadas de trabajo se perdieron en Galicia a causa de las huelgas. Pero 2021, pese a la recuperación de la economía, fue aún menos conflictivo. Desde que existen cifras (año 2000) solo en 2003 el número había sido más bajo, según las estadísticas de huelgas y cierres patronales que acaba de publicar el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El número de jornadas no trabajadas en la comunidad gallega en 2020 fueron 20.844, según las cifras del ministerio. Desde el año 2000 solo se había contabilizado una cifra menor en tres ocasiones: 2003, 2005 y 2016. Pero en 2021, cuando la economía empezaba a recuperarse y las restricciones de movimientos se relajaron, la conflictividad laboral fue aún más baja. Solo se perdieron 17.159 horas. En las dos últimas décadas, solo en 2003 se había producido un número menor (14.777). Las jornadas laborales no trabajadas se obtienen, explica el Ministerio de Trabajo, al multiplicar el número de trabajadores participantes en el paro por la cantidad de días laborables que dura el conflicto.

La cifra de empleados que se vieron involucrados en las protestas laborales en Galicia durante 2020 fue la más baja desde 2005. Los datos que maneja Trabajo cifran en unos 6.900 los gallegos que participaron en alguna huelga ese año. En 2021, subieron hasta los 7.300, pero aun así, siguieron muy lejos de los niveles prepandemia (20.800 en 2019). Las huelgas convocadas en 2020 y 2021 también fueron muy bajas: 28 el primer año y 48, el segundo. En 2019 se habían producido 96.

Pese a la caída de la conflictividad laboral en los dos primeros años de la pandemia, la comunidad gallega fue la cuarta en la que se produjeron más huelgas el año pasado (48), solo por detrás de los dos grandes centros económicos nacionales (Cataluña tuvo 98 y Madrid, 62), y del País Vasco, con una gran tradición de protestas laborales, que sumó 224.

En el caso gallego, la mayoría de los paros se concentraron en abril (9 huelgas) y en octubre (10). En abril, casi 10.000 trabajadores del sector de la limpieza de la provincia de A Coruña, sobre todo mujeres, fueron llamados a secundar la huelga. También en abril del año pasado se recrudeció el conflicto en el sector del metal de la provincia de Pontevedra y también hubo paros. En octubre se produjeron conflictos laborales en los servicios públicos de Galicia y en la universidades y centros de investigación. Los sectores gallegos con más jornadas no trabajadas el año pasado fueron la industria y los servicios. De los 17.159 días que se perdieron, 10.713 correspondieron a la primera, y 6.446, a los segundos. Los participantes en estas huelgas fueron muy similares: 3.689 en industria y 3.611 en servicios.

Por provincias, seis de cada diez jornadas que se perdieron por los paros durante el año pasado se produjeron en la provincia de A Coruña, mientras que en la de Pontevedra fueron tres de cada diez. Lugo y Ourense fueron las menos beligerantes: en la primera se contabilizaron el 3% y en la segunda el 1%.

Pero la baja conflictividad laboral de 2020 y 2021 ha terminado con el arranque del presente año. Las congelaciones salariales, los ERTE y la inflación han provocado que se intensifiquen las movilizaciones de los trabajadores.

En el primer trimestre, los empleados gallegos que secundaron paros en su actividad laboral fueron 5.786, frente a los 7.300 de todo 2021 y los 6.930 de 2020. En cuanto a las jornadas perdidas, entre enero y marzo (este mes se produjo la huelga de transportistas) se han contabilizado 12.370. En los doce meses del pasado ejercicio fueron 17.159.

La falta de acuerdo entre patronal y sindicatos augura un nuevo ciclo de conflictos

Las cifras del Ministerio de Trabajo muestran que en el primer trimestre del año se ha incrementado la conflictividad laboral y ya está en niveles prepandemia. La pasada semana, patronal y sindicatos rompieron las negociaciones para un nuevo pacto salarial lo que augura un ciclo de conflictividad laboral en la negociación de los convenios colectivos. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ya ha reconocido que prevé un “incremento sustancial de la conflictividad laboral” si las organizaciones empresariales no aceptan cláusulas de revisión salarial para “evitar que los salarios pierdan poder adquisitivo”. La CEOE, CCOO y UGT no han conseguido acordar, por ahora, cómo repartirse los costes de la inflación y la guerra y se levantaron de la mesa, por lo que han dejado que cada federación y cada sector consensue (o imponga) los incrementos salariales para los próximos años. Con el riesgo de que ello desemboque en un ciclo de huelgas que ya se está cociendo en varios sectores de la economía. El Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) es una especie de convenio de convenios que las cúpulas de CEOE, Cepyme, CCOO y UGT renuevan cada tres años. Su objetivo es dar a sus federaciones y sectores una guía para cuando se sienten a negociar los convenios tengan una referencia sobre qué incrementos salariales proponer.

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