El plan forma parte del paquete de medidas del Gobierno para parar el golpe económico que puede provocar la guerra de Ucrania. Con los precios energéticos disparados y con una economía enormemente dependiente de la energía del exterior, el Ejecutivo lanza un plan específico para impulsar el ahorro de energía en las Administraciones Públicas para sortear el impacto del encarecimiento de los precios energéticos.

El Consejo de Ministros, a propuesta tanto del Ministerio para la Transición Ecológica como del Ministerio de Hacienda, ha dado luz verde a un paquete de nuevas medidas con impacto inmediato para racionalizar el uso de los edificios e instalaciones de la Administración y para reorganizar el trabajo de los empleados públicos de tal manera que se pueda reducir el consumo de energía.

Para hacer más eficiente el uso de los edificios públicos, el Gobierno pondrá en marcha una estrategia de racionalización de horarios de encendido y apagado de la iluminación interior y exterior, de los equipos de calefacción y aire acondicionado y de equipos informáticos, y también se revisará la potencia eléctrica contratada para los inmuebles para intentar reducida y rebajar la factura de luz.

En este campo, el Gobierno también modificará las temperaturas de climatización de los edificios tanto en invierno (calefacción) como en verano (aire acondicionado) para evitar derroche energético innecesario con condiciones más exigentes que las actuales y se impulsará una estrategia para instalar en los edificios e infraestructuras públicas placas solares fotovoltaicas para promover el autoconsumo eléctrico.

El Ejecutivo también pretende dar un nuevo impulso al teletrabajo entre los funcionarios para reducir el consumo energético tanto de los edificios como en los desplazamientos de los propios empleados públicos. El Ministerio de Hacienda ha encargado a todos los ministerios que identifiquen los puestos de trabajo que pueden realizar su labor a distancia, con el objetivo de generalizar en la medida de lo posible que los funcionarios teletrabajen tres días por semana y otros dos realicen su trabajo de manera presencial.

La implantación del sistema de prestación de servicios mediante trabajo a distancia será voluntaria y el porcentaje mínimo de prestación de servicios presenciales siempre deberá ser superior al 40% en el conjunto de la jornada semanal. En paralelo, se promocionará e incentivará el uso del transporte colectivo y de la bicicleta de los empleados públicos para promover la movilidad sostenible.

El Plan aprobado este martes incluye una serie de medidas de formación y sensibilización, como la impartición de cursos gratuitos a empleados públicos para promover la utilización eficiente de la energía en la oficina y en el uso del automóvil, a través de la plataforma e-learning del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE). La mayoría de las medidas tendrán carácter temporal, pero el Ejecutivo irá estudiando su prolongación en función de la coyuntura.

La Administración General del Estado pretende así asumir un papel de liderazgo y ejemplaridad para impulsar actuaciones de ahorro y eficiencia en un escenario guerra, con el objetivo además de servir de modelo a otras administraciones y también a las empresas privadas. “Todo ello con la idea de obtener, en el corto plazo, un ahorro en la factura eléctrica, así como contribuir al refuerzo de la seguridad energética del país”, indican desde el Gobierno. “España no es de las economías más expuestas a Rusia y a la guerra en Ucrania, pero no estamos a salvo del encarecimiento del precio de la energía”.