El Gobierno incluyó en su primer plan de choque contra la subida de electricidad, aprobado hace casi un año, la celebración de subastas forzosas para las grandes energéticas de contratos de compra de electricidad a plazo con precios estables y con una duración de más de un año. Unas subastas a las que las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) estarán obligadas a acudir para subastar parte de su electricidad producida por nucleares, hidroeléctricas y renovables para vendérsela a comercializadoras independientes —las no integradas en los grandes grupos energéticos— y a grandes consumidores industriales.

Las eléctricas han estado durante meses rechazando de plano la medida y advirtiendo de que no se puede aplicar porque tienen vendida toda su producción eléctrica para este año y gran parte del siguiente, y que acudir de manera forzosa a la subasta les obligaría a quitar electricidad comprometida a unos clientes para vendérselas a otros.

El Gobierno se resiste a descartar el plan de subastas forzosas, pero lo mantiene congelado asumiendo la amenaza de que su convocatoria haga que las eléctricas se lancen a romper contratos de venta ya cerrados. “Las subastas inframarginales deberán ser una medida aplicable con todas las cautelas para evitar que se deshagan posiciones”, admitió el jueves la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el Congreso de los Diputados.

Las grandes eléctricas han venido insistiendo en la imposibilidad de celebrar la subasta obligatoria. Argumentan que no podían proporcionar electricidad para subastar de manera inminente porque ya tenían vendida toda la producción de energía del año pasado, también la de este año e igualmente gran parte de la producción del próximo ejercicio. Los contratos de suministro de electricidad tienen comúnmente cláusulas que permiten a las compañías romperlos en caso de cambios regulatorios que tengan una incidencia severa en las condiciones y en la rentabilidad. Iberdrola ha ido más allá y está incluyendo cláusulas específicas que permiten romper el contrato sin indemnización alguna para el cliente en caso de que el Gobierno impulse finalmente las subastas y la compañía se vea obligada a acudir.