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La Opinión de A Coruña

El Gobierno acusa al dueño de Alu Ibérica de provocar un agujero al Estado

El Ejecutivo culpa al fondo que compró las dos fábricas de recibir subvenciones sin pretender salvar los puestos de trabajo

Protesta de trabajadores de Alcoa en 2018. // CABALAR

La Abogacía del Estado, que ejerce la representación legal del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en la causa que se investiga en la Audiencia Nacional sobre la compra de las dos fábricas situadas en A Coruña y Avilés vendidas por la multinacional de aluminio Alcoa Inespal, ha detectado indicios de que el fondo de inversión suizo Parter Capital y el Grupo Industrial Riesgo se beneficiaron de subvenciones públicas sin ejecutar un plan industrial que lograra salvar los 600 puestos de trabajo de ambas factorías. Su única intención, prosigue en un escrito la Abogacía, fue la de “despatrimonializar” las sociedades adquiridas, que se denominan Alu Ibérica LC y Alu Ibérica AVL.

Así consta en un documento de 23 de mayo, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo que LA OPINIÓN, en el que el representante legal del Ejecutivo de Pedro Sánchez recuerda que los directivos del fondo de inversión helvético y del Grupo Riesgo disfrutaron de las subvenciones “hasta poco antes de ser cesados”, y sin embargo no trataron de salvar los puestos de trabajo de las fábricas.

El abogado del Estado apoyaba de esta forma la petición de sobreseimiento que habían realizado los abogados de la multinacional norteamericana. La reclamación fue atendida por la magistrada María Tardón, que el pasado 21 de julio acordó en un auto el sobreseimiento provisional de la causa para Alcoa Inespal y los directivos Kai Rune Heggland, Álvaro Dorado Baselga, Ignacio León Moro y Christine Keener.

Para la Abogacía del Estado, la investigación desarrollada hasta el momento por los agentes de la Policía Judicial bajo las órdenes de la magistrada Tardón, ha puesto de manifiesto una “indudable” existencia de un “perjuicio” o agujero para las arcas públicas “por la conducta consciente de aquellos que disfrutaron las subvenciones sin voluntad de cumplir las condiciones a que se sujeta el abono de las subvenciones, y en particular la de mantenimiento de la actividad y del empleo”, dice el mencionado documento de 23 de mayo.

Esta redacción informó del contenido de un oficio elaborado por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que se alertaba a la jueza de que los nuevos dueños de la fábricas de aluminio utilizaron sociedades interpuestas para comprar criptomonedas y sustraer capitales y patrimonio.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción también acusa al fondo suizo Parter Capital y al Grupo Industrial Riesgo de llevar a cabo “sin el conocimiento de Alcoa Inespal” una operación de “asistencia financiera” prohibida en el pacto de venta de las fábricas.

La posterior compraventa de las sociedades de A Coruña y Avilés acordada por Parter Capital y el Grupo Industrial Riesgo reúne, según el Ministerio Fiscal, “todos los elementos para poder ser tipificada como un delito de apropiación indebida o administración desleal”, ya que se han detectado “posteriores operaciones de descapitalización de las empresas titulares de las plantas [...] llevadas a cabo por los investigados vinculados al Grupo Industrial Riesgo, que merecen la misma calificación delictiva”.

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