El kilo de cobre se pagaba hace dos años a 5,5 euros. Ahora, pese a haber bajado en los últimos meses, está en 7,7 euros. El metal supone un negocio boyante, legal e ilegal, con bandas dedicadas a robarlo, sobre todo cuando el material está caro, en transformadores y subestaciones, huertos solares, líneas telefónicas, tendido eléctrico y catenarias. Junto a los episodios vandálicos, sin ánimo de lucro, el delito supone un grave problema para el funcionamiento de los ferrocarriles en toda España.
Según apuntan los datos proporcionados por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la sustracción de cables afectó a lo largo del pasado año a la circulación de 808 trenes en total. Solamente en el primer trimestre de este año, 258 ferrocarriles se vieron retrasados. El ritmo de los robos se ha intensificado en los últimos tiempos.
El caso reciente más sonado tuvo lugar el pasado lunes por la mañana. El hurto en Tarragona de 600 metros de fibra óptica (que por otra parte contiene muy poco cobre) suspendió durante cinco horas la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid, Barcelona y Figueres (Girona). En la estación de Barcelona Sants se vivieron escenas caóticas, con cientos de pasajeros atrapados sin alternativa de transporte. Varios de ellos compararon la estación de la capital catalana con una “ratonera”.
Mientras tanto, los Mossos d’Esquadra detuvieron al presunto autor del robo, un joven de 19 años al que le confiscaron el material robado y ahora el arrestado se enfrenta a una posible pena de hasta cinco años de cárcel.
Pero aquí España, que produce en torno a 170.000 toneladas métricas de este material al año, tampoco es una excepción. Las infraestructuras ferroviarias del Reino Unido, por ejemplo, se enfrentan desde hace años a un problema similar con el cobre, un metal conductor fácilmente reciclable, de vida ilimitada, del que dependen la electricidad, los transportes, las telecomunicaciones y el abastecimiento de agua.
Adif registró 149 incidencias por sustracción de conductores eléctricos en 2019, ya fueran cables de toma de tierra, multiconductores, de circuito de vía, de catenaria o de energía. Aquel año se vieron afectados por este motivo 479 circulaciones. En 2020, marcado por las restricciones a la movilidad debido a la pandemia, la cifra de incidencias bajó a 121. Pero a lo largo del año pasado los robos se dispararon, hasta llegar a 277: 808 trenes sufrieron retrasos, con Andalucía, Cataluña y Madrid como territorios más castigados. En Galicia se han producido 20 incidencias ferroviarias por robos de cables en los últimos tres años.
La tendencia ha ido a más a principios de este año. Solamente durante el primer trimestre, último periodo del que dispone datos el ente público, ya ha habido 102 incidencias, en toda España que afectaron a 258 servicios. De seguir a este ritmo, este año se cerrará con más de mil trenes con retrasos debido a los robos.
En total, en estos tres años y medio se han sustraído 111 kilómetros de cable de infraestructuras ferroviarias, una distancia equivalente al trayecto en coche entre A Coruña y Lugo, más otros 10 kilómetros adicionales.
Aun así, a pesar de la tendencia al alza, la magnitud del problema es ahora menor que en épocas anteriores. Entre 2014 y 2018, unos 6.500 ferrocarriles, una media de 1.300 al año, sufrieron retrasos por robos de cables para obtener cobre, un negocio ilegal muy lucrativo y difícil de combatir, puesto que el cable no está identificado.
El ladrón lo vende a un blanqueador por un precio que depende de lo que cueste el metal en el mercado legal. Este a su vez lo pone en el mercado por el doble de lo que ha pagado, y el distribuidor, finalmente, cobra por su venta dos veces más que el precio que ha desembolsado. Una parte importante del material sustraído acaba en la India y sobre todo en China, según las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Adif distingue en sus estadísticas entre actos vandálicos y robos de cable. Los primeros han sido tradicionalmente más numerosos. Sin embargo, en un síntoma claro de la tendencia al alza de los hurtos. “Las sustracciones de conductores eléctricos son las que provocan mayor número de incidencias a partir de 2021”, según explican fuentes del gestor de infraestructuras ferroviarias.
En total, sumando ambos conceptos, entre 2019 y el primer trimestre de 2022 se registraron 2.284 incidencias que afectaron a 5.800 trenes, la mayoría, de líneas convencionales, no de alta velocidad. El retraso global de todos estos percances fue de 107.000 minutos. Es decir, más de 74 días. La provincia más afectada fue Madrid (286 incidencias), seguida de Barcelona (220), Sevilla (161), Asturias (62) y Tarragona (31).
