El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, encara la última fase de su reforma de pensiones, que promete ser complicada en la negociación porque pretende tocar elementos que inquietan tanto a patronal como a sindicatos, porque los primeros se preparan para unas elecciones internas en noviembre y porque el Gobierno no cuenta, de momento, con una mayoría clara en el Congreso para sacarla adelante. Ahí Escrivá ya ha iniciado contactos —a través de su equipo— con dos de los partidos claves de la mayoría de la investidura, ERC y PNV, para armar un consenso suficiente, según confirman las distintas partes.
Escrivá pretende enmendar estrategias anteriores, que dejaron en el alero hasta el último momento reformas pasadas. Hasta ahora el guion negociador del ministro había sido negociar primero con los agentes sociales y luego sentarse con los partidos. Algo que había sido objeto de críticas por parte de algunas formaciones, que veían escaso margen temporal y de maniobra para tratar de introducir cambios a cambio de sus votos. Para mejorar las relaciones con sus potenciales futuros socios, el ministro ha iniciado una ronda de contactos preliminares con las fuerzas en el Congreso para sondear su opinión y prioridades en relación a los dos puntales que tocará la presente fase: la reforma del sistema de cálculo de la pensión a raíz de los años cotizados y el destope de las bases de cotización y la pensión máxima. Las mayorías que pueda armar en torno a esas dos cuestiones exigirán de equilibrios.
Las posiciones de salida de PNV y ERC no son las mismas. Los catalanes ven con buenos ojos el destope de las bases máximas, mientras exigen un criterio de solidaridad para aumentar la cuantía de la pensión máxima, pero no en la misma proporción, según fuentes republicanas. Con la idea de que los empresarios aporten más al erario en el caso de sus trabajadores mejor pagados, pero el Estado no aumente proporcionalmente su gasto y reparta esos recursos extra entre otros colectivos más vulnerables. Como el de pensionistas que cobra la mínima, por ejemplo. Aquí la posición republicana coincide bastante con la defendida por CCOO y UGT.
Los nacionalistas vascos recelan de revelar sus posiciones estos primeros tanteos. No obstante, históricamente los conservadores han visto con malos ojos aumentos de costes laborales como el que implicaría el destope de las bases de cotización. En previas negociaciones, como en los fondos públicos de pensiones, Escrivá optó por la vía de las bonificaciones para conseguir el sí del PNV.
Equilibrios complicados
El otro gran melón de esta última fase es la reforma del periodo de cómputo de las futuras pensiones. Escrivá avanzó que quiere ampliar los años cotizados que la Seguridad Social tiene en cuenta para calcular la prestación con criterios de equidad y con un efecto neutro sobre las arcas públicas. En esta primera fase no trasladó propuesta por escrito, según confirman las fuentes consultadas. Así como tampoco lo hizo con los agentes sociales en la primera reunión del pasado lunes. Y resta la incógnita de cómo concretará esos criterios de redistribución, porque si pretende mejorar las condiciones de retiro de los más vulnerables, ello implicará un aumento de coste para la Seguridad Social. Y ese extra deberá restarlo de otros colectivos.
¿Cómo afecta la inflación más alta en casi 40 años? La fórmula para esos equilibrios mantiene a la expectativa a agentes sociales y partidos. Los sindicatos ya han manifestado su poca predisposición a negociar este tema, especialmente si implica una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores de capas medias. Recuerdan que la anterior modificación del periodo de cómputo (2011) ya lo implicó, concretamente del 5% según un análisis del Banco de España. Y en este punto ERC coincide con las centrales. En paralelo, Seguridad Social sigue su calendario negociador con los agentes sociales.
El curso arranca con 40.000 ocupados más en septiembre
Septiembre dejará unos 40.000 empleos más. Lo que, de confirmarse, ratificaría uno de los mejores arranques de curso de los últimos 20 años, pese a la crisis energética y de precios. Así lo anticipó ayer Escrivá, con los datos de afiliación avanzados, que constatan un mes más la mejora en la calidad de la contratación, especialmente para los más jóvenes. La previsión es que acabe con 40.000 afiliados más a la Seguridad Social, una cifra más floja respecto a los dos años previos, pero claramente mejor que los años prepandemia.
