El Bloque Nacionalista Galego ha presentado una denuncia ante la Valedora do Pobo Europeo por la aprobación del reglamento 2022/1614 de la Comisión Europea, que cercena la actividad de la pesca de fondo y deja en el aire la continuidad de buena parte de la flota gallega. “La acabamos de presentar por vulneración de actos administrativos”, concreta la eurodiputada nacionalista Ana Miranda. “Es prevaricación”, abunda. La Comisión de Pesca no realizó un estudio socioeconómico del impacto de esta medida y tampoco pudo evaluar qué daños, si existen, causan las artes fijas al fondo del mar.
“Un acto delegado de estas características tiene que incluir siempre una evaluación de impacto socioeconómico”, continúa Miranda, que ayer por la mañana se reunió con representantes de la flota en Ribeira. También ha solicitado la incorporación de este veto a la pesca de fondo en la orden del día de la próxima Comisión de Pesca, como también ha requerido el eurodiputado popular Francisco Millán Mon.
“Es difícil determinar una preferencia, ya que se desconocen los impactos socioeconómicos. Algunas pesquerías van a algunos lugares de forma regular, y pueden ser importantes para ellos, aunque el esfuerzo no es muy alto”, dice textualmente el informe del ICES ((International Council for the Exploration of the Sea, CIEM en castellano) en el que se basó la Comisión de Pesca para imponer este tijeretazo al sector.
Por otra parte, los ministros de Agricultura de la UE debatirán el lunes a petición de España, Irlanda y Francia sobre la decisión de cerrar el acceso a la pesca de fondo en 87 zonas protegidas en aguas comunitarias del Atlántico Nororiental.
