El paquete de medidas con el que la Unión Europea aspira a intervenir de urgencia el mercado eléctrico europeo, para abaratar los precios de la factura de la luz, ha entrado esta semana en su recta final. Los ministros de energía de la Unión Europea celebran este viernes un consejo extraordinario para tratar de cerrar un acuerdo sobre un reglamento de emergencia basado en tres pilares -reducción del consumo eléctrico, tope a los beneficios extraordinarios de los productores de energía inframarginales y contribución solidaria de las empresas energéticas- que, según fuentes diplomáticas, no obligará a retocar el impuesto diseñado por el Gobierno de Pedro Sánchez para recortar los ‘beneficios caídos del cielo’ de las grandes empresas energéticas.

“Esperamos llegar con nuestro modelo intacto. Es nuestro desafío para el viernes”, han explicado fuentes diplomáticas españolas. Aunque la Comisión Europea ya avanzó durante la presentación de la propuesta la intención de que las medidas nacionales equivalentes pudieran mantenerse y aplicarse, los Estados miembros han logrado reforzar ese compromiso en el texto que se someterá a debate el viernes. “La buena noticia es que en la nueva versión se han reforzado las garantías de que las leyes nacionales quedan convalidadas en aquellos Estados miembros que ya las tenían en marcha. Esa parte está salvada y podremos seguir actuando sobre los ingresos”, han indicado otras fuentes diplomáticas sobre el modelo de impuesto diseñado por España, que gravará los ingresos de todas las empresas energéticas y no solo los beneficios como plantea Bruselas que propone una “contribución solidaria” del 33% de los beneficios extra de las petroleras, refinerías y empresas gasistas.

Excepción ibérica

España también considera que la excepción ibérica, que le ha permitido desacoplar temporalmente -hasta mayo de 2023- el precio del gas de la electricidad, está salvada aunque al igual que otros países considera que el tope de 180 euros por MWh propuesto por Bruselas para las energías inframarginales -renovables o nuclear-, a partir del cual tienen que devolver lo recaudado, es demasiado elevado. Además del impuesto a los beneficios extraordinarios de la petroleras y el tope a la retribución de las energías inframarginales, los Veintisiete también tratarán de cerrar un acuerdo sobre la reducción del consumo eléctrico, un elemento mucho menos polémico y “más maduro”, ya que la propuesta garantiza a los gobiernos que podrán aplicar el recorte voluntario del 10% con flexibilidad y que podrán fijar las horas punta del día en las que tendrán que reducir un 5% obligatorio.

Aunque la última reunión preparatoria celebrada este miércoles por los embajadores no ha permitido cerrar un acuerdo y la presidencia checa de la UE ha vuelto a hacer retoques en la propuesta para acomodar las distintas posturas y sensibilidades, fuentes europeas consideran que el texto que servirá de base para la negociación final este viernes es “bastante estable”. “No está aprobado pero la mayoría de las preocupaciones de los Estados miembros han sido tenidas en cuenta”, explican las mismas fuentes.

Tope al precio del gas

Los Veintisiete también volverán a abordar en la reunión del viernes la posibilidad de imponer un tope al precio mayorista del gas procedente de terceros países, una medida solicitada por 15 Estados miembros incluida España, Portugal, Grecia o Francia, en el marco del debate para limitar los altos precios del gas. Se trata de una medida que en los últimos meses ha dividido a los Estados miembros. Algunos consideran que es la panacea mientras que para otros amenazará la seguridad del suministro europeo y aumentará el consumo en un momento en que la UE necesita reducir la demanda.

La presión en todo caso ha empezado a hacer mella en la Comisión Europea que este miércoles ha distribuido entre los Veintisiete para su debate un nuevo documento oficioso sobre una posible intervención de emergencia en el mercado del gas. En el admite que establecer un tope al precio del gas sería complicado porque una "limitación de los precios al por mayor en todos los intercambios intracomunitarios requeriría, entre otras cosas, sustituir el mercado por un sistema centralizado de asignación y racionamiento del gas y de financiación de la diferencia entre el precio máximo y el precio global del mercado".

Con esto en mente, Bruselas abre la puerta a distintas posibilidades. Para empezar, negociar con socios de suministro fiables y en un plazo razonable un acuerdo común para reducir los precios. "Aunque la opción preferida es un enfoque mutuamente acordado con socios de confianza, el objetivo clave para la UE es garantizar precios más bajos para los consumidores de la UE ya este invierno. Por ello, la UE debe estar dispuesta a introducir medidas para limitar los precios", apunta la Comisión.

Bruselas también plantea por primera vez crear aplicar a nivel europeo la excepción ibérica a través de un “marco temporal europeo para limitar la influencia de los elevados precios del gas en la formación de precios de la electricidad”. Una opción, teniendo en cuenta la experiencia de algunos socios como España, Portugal o Grecia, sería establecer un tope al precio del gas en la generación eléctrica a un nivel que ayude a recortar los precios de la electricidad siempre que no lleve a un aumento del consumo. "El diferencial de coste entre el precio topado y el precio del mercado lo asumiría el sistema eléctrico dentro de los Estados miembros", apunta la Comisión que insiste en la idea de establecer un precio máximo a las importaciones de gas de Rusia porque limitaría el precio al que este combustible entra en la UE y ayudaría a reducir los ingresos del Kremlin. El documento también menciona mejorar el funcionamiento del mercado mayorista de productos energéticos y mejorar la liquidez a través de un nuevo marco de ayudas temporales que presentarán para mediados de octubre.