Las grandes energéticas se preparan para un trasvase masivo de clientes hacia las tarifas reguladas de luz. Las principales gasistas, obligadas a ofrecer las diferentes tarifas reguladas de gas natural (denominada tarifa de último recurso, TUR), han venido registrando en los últimos días un alud de consultas por parte de clientes sobre su salto al negocio regulado y anticipan un cambio de tendencia hacia una contratación multitudinaria de tarifas reguladas tras años con una cartera de clientes menguante que iban a parar a las tarifas del mercado libre.

Un cambio de tendencia que se produce al calor del paquete millonario de medidas para bajar el precio de las tarifas reguladas anunciado la semana pasada por el Gobierno y aprobado formalmente esta semana. Se trata de un escudo anticrisis incluido en el Plan Más Seguridad Energética -el plan de contingencia que exige Bruselas a los estados miembros para combatir la crisis energética- y que contempla seguir limitando por ley las subidas que se pueden aplicar a los 1,5 millones de clientes de la tarifa regulada de gas durante todo 2023 y también la creación de un nuevo tipo de tarifa rebajada para los 1,7 millones de hogares que cuentan con calefacción central en la comunidad de vecinos.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) confirma la sacudida en el mercado del gas que se está produciendo. La presidente del supervisor, Cani Fernández, ha constatado este miércoles un "movimiento masivo" de los clientes del mercado libre a la tarifa regulada de gas natural y, además, ha descartado que se estén produciendo grandes cuellos de botella. "Hemos verificado que los comercializadores de ultimo recurso atienden las peticiones para tratar con agilidad la contratación de la tarifa regulada del gas", ha confirmado Fernández.  

Desde varias de las empresas que ofrecen la tarifa regulada del gas -por ley están obligadas a comercializarla Naturgy, Endesa, Iberdrola y Totalenergies- se confirma un incremento sustancial tanto en sus oficinas comerciales como por vía telefónica de consultas de consumidores reclamando información sobre las ventajas de las tarifas TUR y se han recibido algunas quejas por las colas y por las largas esperas telefónicas para intentar contactar con sus comercializadoras, aunque desde los grupos se insiste que son puntuales.

Naturgy, la mayor gasista del mercado español por número de clientes, incluso acaba de activar la posibilidad de contratar las tarifas reguladas a través de su página web, una vía que no estaba operativa hasta ahora por la baja demanda. Y varias compañías reconocen que están reforzando sus canales de comercialización de urgencia para evitar esperas para los consumidores ante la previsión de que la demanda de información aumente a partir de ahora.

El número de clientes acogidos a tarifas del mercado libre de gas -cuyo precio fijan las compañías libremente- es muy mayoritario en relación al de clientes del negocio regulado -cuyo precio establece trimestralmente el Gobierno en función de la evolución de los precios internacionales de los hidrocarburos, pero cuyas subidas tienen un tope máximo desde el año pasado-.

Según el último informe de la CNMC, publicado a finales del año pasado, en España hay 7,9 millones de clientes de gas, de los cuales solo el 20% tiene una tarifa regulada, hasta 1,5 millones de usuarios. Esta cifra se mantuvo inalterable durante el año pasado, pese a que entonces ya estaba vigente la rebaja de los precios. "Se indica que la diferencia de precios entre la TUR y el mercado libre no ha tenido incidencia en la evolución de los consumidores acogidos a la TUR en el cuarto trimestre de 2021", explicaba el regulador en dicho informe.

Paquete millonario de ayudas

Como parte del plan de contingencia de medidas energéticas, el Gobierno ha creado un nuevo tipo de tarifa regulada de gas a la que podrán acogerse las comunidades de vecinos que tienen calefacción central -hasta ahora no podían beneficiarse por sobrepasar el consumo máximo permitido- y que en la práctica servirá para rebajar en torno a un 50% la factura de los hogares que la contraten. Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) cargarán con ese otro 50% del recibo actual que esos 1,7 millones de hogares dejarán de pagar.

En paralelo, el Ejecutivo también prorrogará hasta finales de 2023 el tope a las subidas que pueden aplicarse a la tarifa regulada del gas. Para evitar que las facturas se disparasen en plena espiral de precios del gas en los mercados internacionales, el Ejecutivo estableció a mediados de 2021 que de manera temporal (en principio, sólo dos trimestres) se repercutirá un máximo del 15% del coste de la materia prima en las revisiones de octubre y de enero de la tarifa regulada, lo que en la práctica suponía limitar la subida del precio final en torno a un 5%. Ahora esa medida se prorrogará hasta final de 2023 y todo el déficit que genere lo asumirán desde ahora también los PGE.

El Ejecutivo garantiza destinar todo el presupuesto público necesario para tapar el agujero millonario que las nuevas medidas de ayuda provocarán en las cuentas del sistema gasista español. Según se recoge en el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, el Ministerio para la Transición Ecológica aprobará un crédito excepcional por 3.000 millones para cubrir el coste de estas medidas, pero se compromete a que “esta partida se ampliará en la cantidad necesaria para cubrir el déficit real causado” desde ahora y hasta final de 2023.